"No se puede permitir que, a través de artimañas, acaben con nuestros recursos; el río significa mucho para todos nosotros", manifestó Nicolás López, Coordinador del frente Resiste Piatúa, nombre del río ubicado en el límite de las provincias Napo (centro oriente) y Pastaza (este), en el corredor ecológico Llanganates Sangay, zona con gran biodiversidad.
La hidroeléctrica procuraba captar el caudal de un río que atraviesa las provincias de Napo y Pastaza, en cuyas riberas habitan pueblos de la nacionalidad kichwa.
"Este afluente y su ecosistema no solo es el lugar donde pescan, cultivan y cazan, sino que es un referente milenario de su cultura y sus tradiciones", indica la demanda.
El recurso fue negado por Aurelio Quito, juez de primera instancia de la Corte Provincial de Pastaza, pero las comunidades apelaron y el caso pasó a un tribunal de la misma Corte.
En septiembre de 2019, un integrante de ese tribunal acusó al juez Quito de intentar sobornarlo con 37.000 dólares y dos botellas de whisky para que ratifique el fallo en contra de las comunidades.
Quito fue apresado y las investigaciones involucraron a otro miembro del tribunal, Bolívar Torres, en el intento de soborno; ambos fueron destituidos.
Poco después, la Corte Provincial de Pastaza decidió suspender el proyecto hidroeléctrico sobre el río Piatúa, retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal y revocó la licencia ambiental emitida por el ministerio del Ambiente que había sido otorgada a la compañía de Generación Eléctrica San Francisco (Genefran), dueña del proyecto hidroeléctrico.
A la audiencia de juzgamiento que se realiza en la Corte Nacional de Justicia acudieron pobladores de la zona del río Piatúa que pidieron que se haga justicia en este caso.
La diligencia se extenderá hasta el 20 de enero porque la defensa de los acusados anticipó que presentará 40 testigos.
