"No tengo nada que ocultar, soy un hombre transparente (…) Aquí me tienen ustedes, he venido a declarar porque no tengo nada que ocultar, no soy ningún corrupto, ningún ladrón", afirmó Arce al salir de la Fiscalía de La Paz, que aplazó la audiencia de declaración porque el candidato no conocía previamente los cargos.
Arce había regresado el 28 de enero a su país, luego de 52 días de exilio en México y en Argentina, con el objetivo de comenzar su campaña electoral para las elecciones nacionales del 3 de mayo.
Arce dijo que se quejó ante la fiscal del caso, Heidy Gil, por la forma en que había sido citado a declarar: mediante una notificación escrita que le entregó un policía en el aeropuerto de El Alto incluso antes de que pasara los controles de migración a su arribo.
"El equipo de abogados y la propia fiscal han notado las fallas procedimentales en la notificación hacia mi persona. Adicionalmente se ha hecho notar que mi persona y el equipo de abogados no ha tenido acceso al libro de investigaciones para saber exactamente de qué se me está acusando, cuál es el supuesto delito que he cometido", añadió.
La fiscal Gil había anunciado minutos antes que la declaración de Arce estaba aplazada indefinidamente, en espera de que el exministro tome conocimiento de los cargos en su contra.
"El señor Luis Arce se ha presentado en cumplimiento del requerimiento fiscal y se ha abierto el proceso en su caso; ahora se ha iniciado un período en el que junto con sus abogados está revisando los cuadernos de la investigación antes de presentar su declaración", dijo la fiscal a reporteros.
El aplazamiento de la audiencia en la Fiscalía dejaba a Arce en libertad de movimiento para la fase final de elaboración de las listas de candidatos parlamentarios del MAS para las elecciones del 3 de mayo, que deben ser inscritas en el órgano electoral hasta el 3 de febrero.
El caso impulsado por el Gobierno transitorio afectaba solo a exfuncionarios de ese fondo, pero Arce fue incluido en la lista de sindicados la semana pasada, en cuanto el MAS confirmó su nominación como candidato presidencial para las elecciones del 3 de mayo.
La actual Administración presentó a principios de año una lista de 592 miembros de los gobiernos de Morales que están en investigación por presuntas irregularidades económicas o delitos de subversión y terrorismo.
