Las organizaciones y redes de defensores de los derechos de los migrantes señalan en un informe conjunto que los guardias nacionales causaron "lesiones físicas, desmayos, sofocamientos y crisis nerviosas en mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas de la tercera edad y personas con discapacidad".
La denuncia contradice al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que, aunque no vio las imágenes de la televisión y redes sociales, estuvo "muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo".
Alrededor de 2.000 personas entre ellas mujeres y niños partieron de Tecún Umán, Guatemala, cruzaron el río Suchiate y se internaron en territorio mexicano, sobre la carretera que va de la fronteriza Ciudad Hidalgo a Tapachula, a 40 kilómetros de distancia, donde fueron interceptados, arrestados, y llevados a centros de detención.
La denuncia coincide con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que expresaron "preocupación por el impacto que el operativo de control migratorio de ayer tuvo en niñez y personas en vulnerabilidad, México tiene derecho de controlar la entrada de extranjeros siempre que no haya uso excesivo de fuerza".
El informe relata el "uso indiscriminado de gas pimienta, sin considerar la presencia de niñas, niños y bebés, que causó que grupos de personas se internaran en parajes selváticos tratando de escapar de la represión".
Las organizaciones exigieron al presidente López Obrador "que cumpla con las obligaciones internacionales de México y establezca una política migratoria y de refugio, con enfoque de seguridad humana" para personas necesitadas de protección internacional, y se apegue al principio de "no devolución".
Denunciaron además que los comunicados del Instituto Nacional de Migración "están alejados de la realidad y no hacen sino abonar a un contexto de estigmatización de la población migrante".
Fueron llevados a centros de detención migratoria, "donde enfrentarán condiciones de hacinamiento, violaciones de derechos humanos y violencia en múltiples formas, solo para esperar ser deportadas", dice la denuncia.
El documento lo firman Alianza Américas, el Colectivo de Observación y Monitoreo de DDHH en el sureste mexicano, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género, la Red Jesuita con Migrantes y la Red Nacional de Organismos Civiles "Todos los Derechos para Todas y Todos".
