En una declaración emitida el 23 de enero por la noche, el Ministerio de Exteriores birmano señaló que "Myanmar toma nota de la decisión", en la que el tribunal de la ONU le ordena adoptar medidas provisionales para evitar el genocidio de la minoría musulmana rohinyá.
"Es importante para Myanmar que la Corte logre una decisión objetivamente correcta" en el caso, subrayó la Cancillería.
La Corte con sede en La Haya exigió el 23 de enero a las autoridades birmanas que presenten dentro de cuatro meses un informe sobre las medidas adoptadas y entreguen cada seis meses un informe con el seguimiento de la implementación de esas medidas hasta que el tribunal resuelva sobre el fondo del caso.
En nombre de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI), Gambia acusó a Birmania de haber violado la Convención contra el Genocidio, aprobada en 1948 y en vigor desde 1951, con "operaciones de limpieza" que el ejército y otros cuerpos de seguridad birmanos llevaron a cabo en 2016 y 2017 contra la comunidad rohinyá.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimaba en torno a 933.000 en diciembre pasado el número de rohinyás refugiados en el distrito bangladesí de Cox's Bazar, incluyendo casi 720.000 que huyeron de las persecuciones en Birmania desde el 25 de agosto de 2017.
Los rohinyás se establecieron en Arakán (antiguo nombre del estado de Rakáin) a finales del siglo XIX y a principios del XX, durante la época colonial cuando los británicos alentaron su traslado desde Bengala Occidental al norte de Birmania donde había escasez de mano de obra agrícola.
Birmania, una nación mayoritariamente budista, deniega ciudadanía y derechos civiles a esta comunidad musulmana estimada entre 1,1 y 1,5 millones de personas, alegando que son inmigrantes bengalíes.
