"Hoy se da a conocer el índice de corrupción 2019 de Transparencia Internacional (…), que nos pone a México con un crecimiento de casi 40 puntos con referencia al último año del Gobierno anterior [2018] y el primer año de este nuevo Gobierno", dijo la funcionaria en una conferencia de la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sandoval indicó tres elementos para recibir con optimismo el resultado, comenzando por el avance de ocho posiciones.
"Se reconoce a nuestro país que la tendencia decreciente que año tras año se venía experimentando sufre un nuevo direccionamiento y hay un punto de inflexión hacia el crecimiento", por primera vez en cinco años en el indicador internacional.
México recibió 29 puntos de 100 posibles, un avance de una unidad que le permitió escalar esas ocho posiciones en la lista mundial, debajo de Brasil, El Salvador y Bolivia, que recibieron 35, 34 y 31 puntos, respectivamente.
Pero la metodología no reconoce algunas mediadas recientes contra la corrupción porque la medición se interrumpe en agosto pasado, cuando se levantó la encuesta.
La primera recomendación adoptada es "frenar los conflictos de intereses"; en este sentido, la nueva ley "pone una veda de una década" a funcionarios con vínculos empresariales, "para poner fin, de tajo, a la subordinación del interés público a los intereses privados", dijo la responsable de vigilar el desempeño de los funcionarios públicos.
El indicador tampoco toma en cuenta recientes políticas anticorrupción, por ejemplo "los alertadores internos y externos de corrupción, los whistle-blowers [soplones], los programas de integridad empresarial y los grandes resultados de las denuncias de ciudadanos", prosiguió la funcionaria.
Denuncias ciudadanas de corruptos
Las autoridades mexicanas consideran que el país "está a la vanguardia" en el combate a la corrupción, que es uno de los ejes de la administración de López Obrador.
"Ya está siendo tomado en cuenta que estamos combatiendo la corrupción de manera estructural, estos buenos resultados son reflejo de la implementación de una nueva estrategia basada en el enfoque estructural de la corrupción", dijo la secretaria Sandoval.
La actual administración reseñó con motivo del informe de TI que aplica nuevos formatos para la declaración patrimonial de funcionarios, que busca evitar los conflictos de intereses, sanciona a exfuncionarios de alto nivel, lucha contra el clientelismo político y el corporativismo, y aplica una política de austeridad republicana, recortando el gasto público considerado "superfluo".
El Gobierno también puso en práctica un nuevo Código de Ética para sus funcionarios y ha firmado convenios de colaboración con la Organización de las Naciones Unidas y universidades en la materia.
Entre los principales escándalos de corrupción que involucran a funcionarios están los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a la estatal Petróleos Mexicanos, millonarias cuentas de funcionarios en paraísos fiscales y la llamada la 'Estafa Maestra' para desviar cientos de millones de dólares a través de universidades públicas.
