"Crea mucha inseguridad entre los que vivimos aquí, la gente tiene muchas preguntas que siguen sin respuesta porque desconocemos cómo va a funcionar el sistema cuando esté plenamente operativo", señaló a Sputnik Maria Llorente, cofundadora de este colectivo en defensa de los derechos de la ciudadanía.
El libre tránsito de europeos concluye en el Reino Unido al final de la transición del Brexit —el 31 de diciembre, según la última previsión— y el plazo de solicitud del nuevo permiso de residencia expira seis meses después, en junio de 2021.
La académica y autora del informe Experiencias e impacto del mecanismo de asentamiento advierte además de que probablemente nunca se podrá saber cuántos de los estimados 2,7 millones de residentes de la UE caerán en un limbo legal en junio de 2021.
El estatus de asentamiento, temporal o definitivo, reconocerá con un código electrónico el derecho de los comunitarios a vivir, trabajar, cobrar subsidios o pensiones, abrir una cuenta bancaria o acceder a la sanidad pública británica a partir de la marcha del Reino Unido de la UE.
"No hay confianza en el estatus de asentamiento y ha provocado erosión de seguridad y erosión del bienestar de la gente", señaló Bueltmann en la presentación del estudio en la Asociación de Prensa Extranjera en Londres (FPA, por sus siglas en inglés).
Un total de 3.171 afectados respondieron a una encuesta de la profesora, de los que el 71,5% ya habían cursado su solicitud.
Los restantes afirman que iniciarán los trámites más adelante y otros piensan boicotearlos "por principios" ideológicos después de media vida residiendo legalmente en el Reino Unido.
Llorente advierte de que hay adultos y menores latinoamericanos entre esta última minoría, que corren el peligro de caer en la clandestinidad dentro de 18 meses.
"Son dependientes de ciudadanos de terceros países —latinoamericanos, por ejemplo— que vinieron con un permiso familiar y eso les consta en un documento físico de residencia, pero no entienden que su estatus cambiará y que deben reaplicar por sus derechos con su familiar europeo", explica LLorente, cuya madre venezolana está en esta situación.
"Estamos haciendo campaña activa para tener prueba física del nuevo estatus y para prevenir la discriminación", confirma la activista de herencia venezolana y española.
La encuesta académica sugiere que el sistema está abierto a la discriminación a nivel administrativo y a la hora de solicitar un trabajo o alquilar un piso.
