"Señoría, hicimos lo que se nos ordenó en cada momento" afirmó el mayor Josep Lluís Trapero ante el interrogatorio del fiscal en el inicio del juicio contra miembros de la antigua cúpula de la Policía catalana, acusados de rebelión y sedición por su actuación durante el proceso independentista catalán.
La fiscalía pide 11 años de cárcel para el mayor de los Mossos d'Esquadra, que está acusado junto con otros tres mandos del cuerpo de un delito de rebelión por su papel alrededor de la celebración de la consulta unilateral catalana de 2017.
Los hechos de septiembre se refieren a una masiva concentración ciudadana frente a la sede del departamento de Economía del Gobierno catalán, donde efectivos de la Policía española efectuaron registros relacionados con la consulta.
Según los autos de procesamiento, los Mossos desplegaron unas "tibias medidas de seguridad" pese a la presencia de decenas de miles de manifestantes, lo que dificultó el trabajo de la comisión judicial encargada de los registros.
Trapero argumentó ante el juez que ese mismo día se produjeron manifestaciones en más de 40 puntos de toda Cataluña, por lo que los Mossos contaban con apenas una quincena de efectivos en Barcelona.
"Nosotros lo que tratábamos de hacer era que todo se mantuviera en orden (...) era apagar fuegos", aseguró el mayor sobre la actuación de los Mossos en esta concentración, en la que defendió que no hubo cargas policiales por motivos de seguridad.
El fiscal abordó también los hechos del 1 de octubre, preguntando a Trapero por los documentos elaborados por políticos e instituciones catalanas de cara a la posible independencia de Cataluña, que Trapero calificó de "barbaridades".
El mayor de los Mossos explicó que llegó a sentirse "incómodo" por la senda que tomó el Gobierno independentista de Carles Puigdemont en los meses previos al referéndum y que advirtió a sus líderes que el cuerpo siempre cumpliría con las órdenes judiciales.
Preguntado por su relación con el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, aseguró que "no tenía ningún tipo de relación estrecha" y que esta no era "ni buena ni mala".
El día del referéndum, la Policía catalana actuó bajo "órdenes judiciales" y con el máximo de efectivos para impedir el referéndum, según Trapero, aunque no "pudieron prever" la desobediencia generalizada de la ciudadanía, que intentó mantener abiertos más de 2.300 colegios electorales.
"Se trabajaron 90.000 horas, no mentimos cuando decimos que vinculado al 1 de octubre hicimos el esfuerzo más grande que ha hecho este cuerpo en su historia", sostuvo el mayor ante el cuestionamiento del fiscal.
Los Magistrados de la Audiencia Nacional mantienen en los autos que los efectivos desplegados por la Policía catalana actuaron con "total pasividad" a la hora de clausurar los centros o intervenir para ayudar al resto de cuerpos policiales del Estado.
Tras su arranque este 20 de enero el juicio proseguirá con el interrogatorio a Trapero y al resto de acusados: el exdirector de los Mossos Pere Soler, el exsecretario de Interior catalán César Puig, y la intendente Teresa Laplana.
En las próximas semanas desfilarán por la Audiencia Nacional en calidad de testigos algunas importantes personalidades de la política catalana, como el exvicepresidente Oriol Junqueras o el exconsejero de Interior, actualmente en prisión.