"El Gobierno de la República lamenta que a pesar de los esfuerzos realizados para que la SG/OEA nos acompañara en la propuesta de construcción de un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de Derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio entre el Estado de Honduras y la Secretaría General de la OEA", dice el comunicado publicado en Twitter.
Comunicado Oficial. pic.twitter.com/T6ao8i1cZY
— Cancillería Honduras (@CancilleriaHN) January 17, 2020
El mandato de la Misión de Apoyo y lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) se inició el 19 de enero de 2016, con la firma de un convenio con el Gobierno de Honduras y finaliza el 19 de enero.
En concreto, el comunicado habla de “excesos” en las facultades convencionales de la Maccih, "derivando en las denuncias de supuestos afectados, quienes alegan haber sido atropellados en sus derechos y garantías constitucionales".
"Tanto la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional, como el Poder Legislativo, ambos poderes del Estado independientes en el marco de sus competencias constitucionales, hicieron observaciones sobre la aplicación y alcances del Convenio que dio origen a la Misión", agrega.
Hay al menos 115 personas procesadas en el marco de estos casos y unas 70 de ellas hacen parte del Gobierno de Hernández, según el medio especializado InSight Crime, que tomó las cifras de la Oficina en Washington para América Latina (WOLA).