"Dentro del actual Gobierno hay una posición más cercana a la ortodoxia de la Unión Europea, mientras que hay una fuerza que empuja en el sentido de las reivindicaciones sociales", señala en una entrevista con Sputnik el catedrático de Economía Joan Tugores, que sitúa la búsqueda de "un razonable equilibrio" entre estas pretensiones como el principal reto para el nuevo Ejecutivo español.
En este sentido, los expertos consultados por Sputnik coinciden en que no va a ser fácil pero tampoco imposible para este Ejecutivo de aspiraciones progresistas conciliar la agenda de medidas económicas con las exigencias en materia de derechos sociales que los equipos de Sánchez e Iglesias se marcaron como metas.
Sobre las cuentas españolas penden las reclamaciones de la Comisión Europea, que pide un ajuste de 6.600 millones de euros en los presupuestos para 2020 —todavía pendientes de aprobación—, algo que podría alcanzarse mediante el incremento de ingresos o bien la reducción de gasto, una opción que contrarresta con la voluntad de Podemos de dejar atrás la austeridad.
En una rueda de prensa ofrecida al término de la primera reunión del nuevo Gobierno, el presidente prometió que su Ejecutivo garantizará la compatibilidad de las propuestas sociales con "el cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea (UE) en materia de estabilidad presupuestaria".
"Aumentando la recaudación se puede aumentar también el gasto sin vulnerar los objetivos que impone Europa", razona el catedrático de Ciencia Política y exdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) español Fernando Vallespín, aunque considera que las estimaciones de ingresos que esto generará son "insuficientes" si España quiere cumplir por completo con las exigencias europeas.
Para contentar a la UE será necesario abrir un proceso de negociaciones que ambos expertos coinciden en que podría ser más positivo de lo que augura el debate político actual, ya que la vicepresidencia de Asuntos Económicos a cargo de Nadia Calviño, que cuenta con amplio reconocimiento en organismos internacionales, es "una buena carta de presentación".
"La historia nos demuestra que siempre hay un proceso de negociación y que se llegan a posiciones intermedias asumibles", señala Tugores, que ve "viable" mantener la sostenibilidad que exige Europa y, a su vez, focalizar esfuerzos en las mejoras sociales.
La cartera de Calviño afrontará varios desafíos dentro de España, donde pende la desaceleración económica con consecuencias todavía incipientes en el ritmo de la disminución del desempleo, lo que obligará al nuevo Ejecutivo a ser "muy cauto" con medidas estrella como la derogación parcial de la Reforma Laboral conservadora que abarató los despidos o subir el salario mínimo de XXX a 1.200 euros.
Advierte que "si en este momento aplican las medidas de máximos, pueden encontrarse con efectos contrarios a lo que buscan".
Otra de las prioridades de Sánchez es la revalorización de las pensiones, tal como demuestra el acuerdo de subida de un 0,9% al que llegó el primer Consejo de Ministros de la coalición.
"Habrá que establecer una serie de equilibrios que no son fáciles y deberá combinarse siempre con políticas demográficas y de incorporación al mundo laboral", observa Vallespín.
Tanto Sánchez como Iglesias reiteran que la puesta en marcha de esta batería de políticas sociales para reducir la desigualdad estará en consonancia con los planes de estabilidad presupuestaria de Bruselas.
"Nosotros vamos a cumplir con nuestro programa electoral, que hará que el país sea mucho más eficaz a efectos económicos", reafirmó el líder de Unidas Podemos en una reciente entrevista.
"Habrá elementos de fricción, pero hay que valorizar también los elementos de complementariedad que existen entre la competitividad y cohesión social", destaca Tugores en este sentido e insiste: "ese es el trabajo de los gobiernos, encontrar la mejor combinación posible y compatible con los elevados ideales".
