"La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el despliegue de las Fuerzas Armadas para ser parte de acciones conjuntas coordinadas por la Policía Boliviana, ante los antecedentes de sucesos como los de Sacaba y Senkata, cuando 35 bolivianos perdieron la vida, 21 de los cuales en un contexto de similares intervenciones", dijo el organismo en un comunicado.
La oficina estatal de derechos humanos se pronunció al día siguiente de que el Gobierno transitorio de facto ordenara por segunda vez en sus poco más de dos meses de vigencia la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna, ante anuncios de nuevas protestas sociales.
La Defensoría llamó al Gobierno, a la comunidad política y a las organizaciones sociales a "garantizar la estabilidad democrática y pacífica (...) el respeto de los derechos civiles y políticos (...) priorizando el uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no así el uso de la fuerza estatal".
Las protestas fueron convocadas por sindicatos y otras organizaciones leales al expresidente Evo Morales, en rechazo al Gobierno de Áñez y en celebración del Día del Estado Plurinacional, que se cumplirá el 22 de enero.
La Defensoría agregó, ante un anuncio gubernamental de reanudación de las tareas de erradicación de cocales en Chapare, donde actúan los sindicatos liderados por Morales, que las autoridades deberían concertar ese proyecto con los productores de coca.
