El anuncio que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, hicieron renunciando a sus obligaciones públicas a través de Instagram a principios de enero ha causado una crisis sin precedentes en el seno de la Corona británica. Para atajarla, Isabel II organizó en su residencia privada del palacio de Sandringham una reunión urgente para el día 13 de enero. Junto a los duques de Sussex, fueron convocados a la cita el heredero del trono, Carlos de Inglaterra, y su sucesor, el príncipe Guillermo.
Este último acontecimiento supone un duro golpe para la monarquía inglesa. La reina Isabel II; su hijo, el príncipe de Gales, y el duque de Cambridge (William, el hermano mayor de Harry) han reaccionado con consternación a la decisión de Meghan y su esposo de abandonar sus obligaciones públicas, mudarse a "América del Norte" y alcanzar la "independencia económica" con el objetivo de impulsar "un nuevo papel progresista" dentro de la institución real. No obstante, Isabel II, curtida por casi 70 años de reinado, ha mostrado una actitud dialogante y empática.
Sobre la mesa hay varias cuestiones que se debatirán el 13 de enero. El entorno de la reina ya ha dado a entender que la pareja no perderá sus títulos reales y, según se ha informado, Harry y Meghan seguirán siendo figuras de primer orden en la Commonwealth.
Pero el punto más polémico posiblemente sea la cuestión financiera, dado que Harry deberá estar dispuesto a renunciar a ciertos privilegios de los que ha gozado hasta ahora, como la reducción de las grandes aportaciones del presupuesto real y de los beneficios del Ducado de Cornualles con los que contaba. Es posible, incluso, que los duques se vean obligados a devolver los casi tres millones de euros que emplearon para reformar su residencia en Windsor.
