"Denunciamos para que los jueces políticos (asambleístas) y los jurisdiccionales lleven adelante procesos legales contra los responsables de estos hechos fraudulentos; pedimos su destitución (de los integrantes del Consejo Nacional Electoral)", afirmó en conferencia de prensa Manuel Pérez, coordinador nacional de la Corporación Internacional de Defensa de Derechos Ciudadanos, Veedurías y Mediación (Cidecive).
La denuncia sobre ese tema fue presentada en abril pasado en la Fiscalía por uno de los propios integrantes del CNE.
Otras de las supuestas irregularidades tienen que ver con un informe presentado por el director de Informática, Enrique Mafla, que argumentaba hechos irregulares en su área, así como con la contratación del exdirector nacional de Procesos Electorales del CNE, Luis Loyo, separado de su cargo y acusado del presunto delito de tráfico de influencias.
"Hay un encubrimiento total por parte de Esthela Acero (consejera del CNE) y de Diana Atamaint (presidenta del CNE)", enfatizó Pérez.
El directivo de Cidecive dijo que su organización exige que el CNE se integre con ciudadanos independientes, que aseguren elecciones transparentes.
"No representamos a ningún partido político ni estamos financiados por ninguna organización política", enfatizó.
Carlos Coloma, presidente ejecutivo de Cidecive, sostuvo que si no se atienden sus pedidos en el transcurso de enero convocarán a un plantón nacional para exigir a la Asamblea Nacional la destitución de los consejeros del CNE.
La Cidecive fue uno de los organismos veedores del proceso electoral de 2018, cuando se convocó a los ecuatorianos a las urnas para que se pronuncien sobre siete temas, entre ellos prohibir la minería metálica en zonas protegidas, intangibles y centros urbanos, y que no prescriban los delitos sexuales contra niños.
Los legisladores acusan a Atamaint de un supuesto abuso de autoridad, así como de ilegalidades y una mala gestión por problemas registrados en los últimos comicios en la provincia costera de Los Ríos (suroeste).
Los legisladores también afirman que hubo tardanza en la entrega de documentos para la organización de una consulta popular por asuntos ambientales pedida por el colectivo YasUnidos para frenar la explotación Petrolera en el bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, en la amazonía del país.
Para una eventual censura y destitución de Atamaint, se requiere de mayoría absoluta de los 137 asambleístas.
Atamaint dijo la semana pasada que el juicio político en su contra es inconsistente y que tiene un trasfondo político.
