Catalina Cortes es concejala del municipio de Pica, un territorio aymara ubicado en la provincia chilena de Choapa, donde opera la empresa Teck.
"Realizamos un viaje a la capital para defender los derechos de los pueblos indígenas y especialmente los de la comunidad a la que pertenecemos. Protestamos contra las dos compañías mineras canadienses porque creemos que los estándares ambientales del Estado chileno a los que están sujetas son insuficientes. Nunca han considerado a los indígenas", denuncia Cortes con indignación.
Cree que los proyectos de expansión de estas empresas mineras son contrarios al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Fue adoptada por 22 Estados para defender el principio de autodeterminación y es considerada la precursora de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007.
Entre los problemas más importantes Cortes destaca el uso injusto de los recursos hídricos, ya que las empresas mineras tienen derecho a utilizar un porcentaje muy alto del agua disponible.
"Estas empresas bombean agua de nuestros territorios ancestrales. Nuestra comunidad está compuesta principalmente por agricultores. Las compañías mineras canadienses utilizan toda el agua que los agricultores necesitan. A veces no queda suficiente agua para alimentar al ganado", dice Cortes.
La concejala también considera que los gobiernos canadiense y chileno están promoviendo los derechos indígenas de manera hipócrita y superficial. En su opinión, los Estados occidentales nunca han respetado realmente los derechos de los aborígenes.
"El discurso sobre los derechos de los aborígenes sigue siendo muy teórico. Ningún Estado ha tomado aún medidas concretas. Vamos a trabajar en alianza con los pueblos nativos de Canadá y con otros países para crear una gran comunidad que pueda ejercer presión sobre las empresas y los gobiernos", asegura.