La marcha, convocada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que se suman decenas de organizaciones, "es una urgente llamada para apelar a las mentes y los corazones de la ciudadanía, pero sobre todo de la clase política, para se implemente una política comprehensiva y eficaz en materia de justicia transicional", que es la que se aplica en naciones asoladas por prolongados conflictos armados internos, dijo Guevara a esta agencia.
"El objetivo es que el Gobierno, el Congreso y los congresos de los estados de la federación se comprometan con una agenda de verdad y justicia, para formar una Comisión de la Verdad de cientos de miles de asesinados, decenas de miles desaparecidos, miles de torturados y víctimas otras formas atroces de violencia", expuso el coautor del informe "Violencia y Terror: hallazgos sobre Fosas Clandestinas en México 2006-2017".
El también director ejecutivo de la independiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, quien desde 2014 integra el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), afirma que "una comisión de la verdad permitiría comprender los mecanismos existentes de la violencia criminal y las complicidades de agentes del Estado".
Guevara explicó que, entre las últimas alternativas para México, están las experiencias de comisiones de la verdad, el mecanismo internacional contra la corrupción y la impunidad en Guatemala, los tribunales internacionales que puedan operar en este país, como la Corte Penal Internacional, y las experiencias de países devastados como Camboya y Timor Oriental.
El fracaso del Estado mexicano
El especialista señala que el paso de crear una gran Comisión de la Verdad para atender a todas las víctimas de la llamada "guerra contra el narcotráfico" que el actual gobierno ha cancelado, "es un imperativo ante el fracaso de todas las instancias del Estado mexicano".
Los manifestantes también plantean crear un programa de reparaciones de daños a decenas de miles de víctimas, más accesible que las instancias actuales "que se han vuelto burocráticas y herramientas del clientelismo político en forma irremediable".
En el centro de la propuesta está la exigencia de políticas de "justicia de transición", que asume la "extraordinaria complejidad de un conflicto armados interno como el mexicano".
La meta última es que logre justicia, no necesariamente para miles de casos, "sino enfocarla en los principales responsables de delitos mayores, de quienes fueron la cabeza de esas estructuras de poder, particulares o responsables del Estado, que han permitido esos crímenes", detallo Guevara.
La "justicia transicional" también considera medidas urgentes para recuperar la credibilidad perdida en las instituciones, "limpiarlas, enseñarles a hacer investigaciones profesionales y sobre todo a rendir cuentas para abolir la impunidad".
"Otros caminos van al fracaso, porque la nueva fiscalía federal es la misma vieja Procuraduría General de la República", aseguró el abogado.
De esa manera, se abrirían las puertas a la cooperación internacional para que otros países ofrezcan su experiencia de dolor, puntualizó.
