"Al respecto, preocupa a la CIDH que el contenido del actual anteproyecto pueda limitar las investigaciones y sanciones por las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno", señaló el mecanismo interamericano en una nota de prensa publicada en su web oficial.
La Asamblea Legislativa (Parlamento) de El Salvador tiene que aprobar antes del 28 de febrero próximo una Ley de Reconciliación Nacional que sustituya la Ley de Amnistía de 1993, derogada en 2016 por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, reveló el pasado 6 de enero que la normativa en estudio establece un plazo límite para que las víctimas denuncien las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el conflicto armado.
"La Comisión recuerda que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad son ilícitos, internacionales imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido", aclaró la CIDH en su pronunciamiento.
Antonia Urrejola, relatora sobre Memoria, Verdad y Justicia, advirtió que ningún Estado puede aprobar disposiciones que le impidan investigar y sancionar penalmente a los responsables de violaciones a los derechos humanos.
El diputado Mario Ponce, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, confirmó que el anteproyecto de marras es discutido en privado por un equipo de juristas para su próxima presentación a la Comisión Política del Parlamento.
Según reportó el periódico salvadoreño El Mundo, dicha versión combina la propuesta de la derecha parlamentaria —criticada en su momento por fisuras que darían paso a la impunidad— con el proyecto de organizaciones representantes de las víctimas del conflicto que desangró al país durante 12 años.
Ortiz reclamó más normativas en pro de las víctimas y no de sus victimarios, a propósito del referido plazo concedido a la Asamblea para que apruebe una ley que cumpla con estándares mandatados por la Sala y reivindicados por la CIDH.
Una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas determinó que el conflicto armado costó la vida a unas 75.000 personas, y estuvo marcado por continuas violaciones a los derechos humanos encabezadas por el ejército y la extinta Guardia Nacional, pero también con casos documentados en la guerrilla.
