Jueza de Ecuador llama a juicio a expresidente Rafael Correa por caso de sobornos

QUITO (Sputnik) — La jueza Daniella Camacho llamó a juicio al expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y a 20 personas más en el caso que investiga presuntos aportes irregulares a su movimiento político.

"Veintiún personas son llamadas a juicio y tres son sobreseídos; la jueza Daniella Camacho informó su decisión una vez analizados los elementos de convicción presentados durante la audiencia", dijo en la noche del 3 de enero la Fiscalía General del Estado.

La decisión de la jueza se dio tras más de 10 horas de audiencia que se realizó en Quito, en la Corte Nacional de Justicia.

En la audiencia del 3 de enero, la jueza Camacho también llamó a juicio a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa (actualmente en prisión por corrupción relacionada con la empresa Odebrecht), otros altos funcionarios de su gobierno y empresarios privados, procesados en el caso conocido como "Sobornos 2012-2016".

Los procesados fueron acusados por la Fiscalía de la Nación de formar parte de una estructura entre funcionarios del Estado y empresarios para la entrega de sobornos, a cambio de contratos de obra pública.

Correa y Glas fueron llamados a juicio como autores del delito de cohecho, sancionado en el Código Penal con penas de entre a uno y siete años de cárcel.

Según dijo la Fiscalía de la Nación, funcionarios del gobierno de Correa habrían recibido dinero de empresarios para asegurar contratos con el Estado, y esos recursos presuntamente habrían sido usados por Alianza País, en ese entonces movimiento político de Correa, para solventar gastos de la Presidencia, organizar convenciones, fiestas y otros actos de proselitismo político.

El Procurador del Estado, Iñigo Salvador, afirmó durante el proceso que la "sofisticada estructura de corrupción" fue diseñada, dirigida y utilizada desde la presidencia, vicepresidencia y Ministerios de la República, utilizando sus instalaciones y recursos, para canalizar y administrar sobornos recibidos de empresarios privados, a cambio de los contratos de obra pública.

Salvador pide una indemnización de 23,3 millones de dólares para el Estado.

Durante las audiencias preparatorias del juicio se afirmó que dentro del esquema de corrupción se utilizaban códigos secretos, ocultamiento de identidades, cruce de facturas; el dinero era entregado en efectivo para evadir controles, y los fondos provenientes de los sobornos destinados a actividades de política electoral no fueron reportados a la autoridad de control.

En el caso 'Sobornos 2012-2016', se presentaron como pruebas detalles de las facturas, las empresas y los aportes efectuados al movimiento político Alianza País (en la época el movimiento político de Correa) a cambio de contratos con el Estado.

Las acusaciones son negadas por el expresidente Correa y sus exfuncionarios, que aseguran que hay una persecución política en su contra.