"Se trata de una noticia muy positiva para los excombatientes y comunidades que ahora vivimos de cultivar y procesar café… el Gobierno expidió una orientación por la que el 20% de las compras públicas que se hagan a nivel nacional, no solo de café sino también de otros productos, deba incluir a personas en proceso de reincorporación", dijo a Sputnik el cultivador Mario Rodríguez, de la Cooperativa Ecomún La Esperanza (Cecoespe).
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que varios proveedores que se presentaron a las licitaciones incluyeron marcas de café de cooperativas de excombatientes y de víctimas del conflicto armado.
Este acuerdo tiene dos años de vigencia y fue articulado por varios ministerios junto con la Federación Nacional de Cafeteros.
"Queremos que las víctimas o excombatientes que cultivan o comercializan café en el territorio nacional se conviertan en los aliados y proveedores directos", indicó Andrés Stapper, director general de la ARN, citado en un comunicado.
Pero las condiciones de las licitaciones fueron tan rigurosas como las que debe enfrentar cualquier empresa que quiera ofrecer servicios al Estado.
Hay cuatro marcas que elaboran excombatientes y víctimas que ya están consolidadas: Tercer Acuerdo, Café Paramillo, Café Sabor La Esperanza y Café Marú. Pero hay más.
"Cecoespe, que es la cooperativa que tiene como objeto la producción y transformación de café, está conformada por 140 personas, pero estamos vinculados a la Mesa Nacional del Café y estamos tratando de impulsar a través de ella otras marcas, como Marquetalia, Tercer Acuerdo (Tolima), Marú (Oriente), Paramillo (Antioquia) y otras que se han dado desde el proceso de reincorporación", explicó Rodríguez.
La Mesa Nacional del Café "articula estas marcas porque todas son de diferentes lugares", y el objetivo "es que ellas puedan surtir a las oficinas del Estado por un periodo inicial de dos años", añadió.
Según cifras oficiales, hasta el pasado 30 de noviembre se habían aprobado 869 proyectos productivos colectivos e individuales a los que están vinculados 3.269 excombatientes y por un valor total equivalente a unos 10 millones de dólares.
Buena parte de los recursos fueron otorgados por el Estado, en cumplimiento de compromisos del acuerdo de paz.
Pero si bien el apoyo económico "ha sido fundamental, aún resta mucho por hacer", observó Rodríguez.
Se necesita "más seguridad jurídica y física para los excombatientes y líderes sociales, quienes también participan de estos emprendimientos con el café y que son objeto de amenazas y asesinatos que generan incertidumbre en los sembradíos", denunció.
Rodríguez se refería a los homicidios sistemáticos que abarcan ya a cientos de víctimas, entre líderes sociales y exguerrilleros y que comenzaron luego de la firma de la paz.
Es que el Estado todavía no implementa plenas garantías de seguridad establecidas en el acuerdo de paz para que los antiguos actores armados se vuelquen de lleno al trabajo y la reintegración a la vida social, dejando atrás el trago amargo de más de medio siglo de guerra.
