"Es lamentable la acción que está impulsando la Fiscalía; está amenazando abiertamente a la jueza que es presidenta provincial de la corte (...) a uno le queda la duda de cuan técnico-jurídico es el proceso que están emprendiendo", afirmó a esta agencia Hernández.
Los tres dirigentes están acusados del delito de rebelión durante las protestas de octubre; sin embargo, todos ellos negaron estas acusaciones en reiteradas ocasiones y señalaron que son víctimas de una "persecución política".
La magistrada sustituyó la prohibición preventiva de Pabón, Hernández y González por la obligación de portar un grillete electrónico y la de presentarse todos los lunes a la sede de la fiscalía provincial; además, tienen prohibido salir del país mientras dure el proceso.
Sin embargo, el miércoles la fiscalía anunció que iniciará acciones legales por prevaricato contra la jueza que revocó la prisión preventiva.
"Ahora lo que se hace es amenazar a una jueza que tiene 40 años de trayectoria en la función judicial, una jueza que incluso en el pasado ha sufrido atentados y ha actuado de manera adecuada, esto es inconcebible, va más allá de cualquier racionalidad", afirmó.
El dirigente añadió que la fiscalía no está actuando de acuerdo a la Constitución, sino que busca establecer un proceso de investigación para "perseguir a las voces disonantes".
"Tengo miedo de volver a la cárcel por esta actitud que tiene la Fiscalía; pero más allá de mi temor personal, creo que es un tema que debe preocuparnos de manera profunda a todos los ecuatorianos, imagínese que si se cede a este tipo de actitudes, en el futuro no habrá ningún juez que contradiga lo que dice la fiscalía", señaló.
"Quizás uno de ellos fue no haber ayudado a la independencia en la Justicia; esto debe obligarnos a que como sociedad tengamos un compromiso profundo para poder entender que la fiscalía es tan importante porque tiene en juego la libertad de las personas; si los jueces son vulnerables a las influencias del poder político o mediáticas, que confunden la búsqueda de la verdad y la justicia con persecución política, entonces estamos prácticamente indefensos", observó.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.