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Asociación ecuatoriana de jueces dice que la fiscalía busca intimidar la función judicial

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QUITO (Sputnik) — El abogado de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces de Ecuador (AEMAJ), Paúl Ocaña, acusó a la fiscalía de querer intimidar a la función jurisdiccional.
"Nuestra Constitución consagra como principio la independencia judicial (…) situación que olvida la Fiscalía General del Estado pretendiendo con expresiones en redes sociales impugnar las actuaciones judiciales y, por otra, intimidar de forma generalizada la función judicial", dijo Ocaña.

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Más temprano, la Fiscalía General anunció en un comunicado que iniciará acciones legales por prevaricato contra la jueza Patlova Guerra, quien el martes revocó la prisión preventiva contra tres dirigentes políticos opositores.

Guerra ordenó poner fin a la prisión preventiva de la prefecta de la provincia de Pichincha (norte), Paola Pabón, del exlegislador Virgilio Hernández y de su asistente Christian González, acusados de rebelión durante las protestas de octubre contra la eliminación de los subsidios a los combustibles.

Pabón, Hernández y González pertenecen al movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), enemistado con el actual presidente Lenín Moreno.

La AEMAJ agrupa a unos 500 de los 3.000 magistrados y jueces del país.

Ocaña dijo que si la fiscalía inicia una acción penal contra la jueza Guerra, la AEMAJ asumirá su defensa y además pedirá medidas cautelaras a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "por intromisión en la justicia".

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El abogado señaló que la fiscalía puede impugnar la decisión de la jueza, pero criticó que la entidad use comunicados y los difunda en redes sociales para referirse al tema, pues se genera una presión indebida.

En adelante "los jueces van a tener que actuar en función de lo que pide la fiscalía y no en derecho", sostuvo.

El abogado dijo que la decisión de la jueza Guerra de revocar la prisión preventiva se basó en normas internacionales y tomando en cuenta jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos.

Guerra "utilizó norma extranjera que está sobre la nacional para poder motivar y poder sustituir la prisión preventiva", destacó Ocaña.

La jueza Guerra no concedió la libertad a Pabón, Hernández y González, sino que dispuso que lleven un grillete electrónico y que se presenten cada lunes ante la fiscalía provincial, además de prohibirles salir del país mientras dure el proceso judicial en su contra.

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La Fiscalía General criticó la medida alegando que los fiscales de la provincia de Pichincha expusieron elementos de convicción sobre la presunta participación de los tres políticos en un desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno a través de actos violentos.

El artículo 268 del Código Integral Penal sobre prevaricato, que la fiscalía quiere imputarle a la jueza, castiga el delito con prisión de tres a cinco años para quienes fallen contra la ley en perjuicio de una de las partes, hagan lo que prohíbe la ley o dejen de hacer lo que manda.

En las movilizaciones y protestas de octubre hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de este país andino.

Según la Defensoría del Pueblo, fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

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