"Esta semana se cumplen dos meses de la muerte de mi hijo y como madre, pienso que a Yoshua lo mataron", afirmó Arias.
Durante esa jornada se registraron varios incidentes violentos como la quema de estaciones de metro y, en los días siguientes, se produjeron saqueos en tiendas y supermercados, algunos de los cuales terminaron incendiados tras los ataques.
El 19 de noviembre el presidente Piñera decretó estado de Emergencia y ordenó a las Fuerzas Armadas salir a las calles para resguardar el orden público, y el 20 de noviembre aparecieron las primeras personas muertas en el contexto del estallido, entre ellos, Osorio.
El caso más trágico fue el incendio de Kayser, una empresa de venta de ropa ubicada en la comuna de Renca, que fue saqueada y posteriormente incendiada, y en cuyo interior se encontraron cinco cuerpos calcinados: Manuel Muga (59 años), Andrés Ponce (38), Julián Pérez (51), Luis Salas (47) y Yoshua Osorio (17).
Según la Fiscalía chilena, las personas fallecidas estaban al interior del local saqueando cuando se inició el incendio, y al no poder escapar habrían muerto asfixiadas, pero las extrañas circunstancias de la situación, sumado a algunas autopsias que habrían detectado orificios posiblemente balísticos en los cuerpos, llevó a Arias y a los familiares de las cinco víctimas a agruparse para exigir verdad y justicia.
"A Yoshua lo mataron"
Para la madre de Osorio, la situación es clara, "a mi hijo lo mataron, la autopsia arrojó que tenía tres orificios de los cuales no se hizo ningún peritaje balístico, además cuando lo fui a reconocer al Servicio Médico Legal no estaba en posición de una persona que muere calcinada, sino que estaba estirado con sus manos arriba, tenía dos costillas quebradas, las más gruesas del cuerpo humano, y tenía sólo un 33% de intoxicación de monóxido de carbono, mientras que para un niño de 17 años, deportista, tendría que haber sido por lo menos un 70%" para morir.
"Hay testigos que vieron lo que pasó, hay cámaras de seguridad, incluso hay un video que alguien grabó, no sabemos quién, donde se ven los cuerpos calcinados, pero la investigación no avanza y nuestras sospechas sobre el asesinato y el encubrimiento cada vez crecen más", dijo.
Debido a las inconsistencias en la investigación, Arias explicó a Sputnik que solicitó en reiteradas oportunidades a la Fiscalía que el cuerpo de su hijo sea exhumado para poder analizar balísticamente los orificios en su cuerpo, sin obtener respuesta.
"Tienen que entender que tenemos muchas preguntas, ¿por qué cinco personas se iban a meter a un lugar que se incendiaba?, ¿si el incendio comenzó en la parte de atrás, por qué las personas fueron encontradas en la parte de adelante?, ¿si estaban tan cerca de la escalera, por qué no la usaron, que los detuvo?, ¿por qué no se hicieron los peritajes correspondientes? Son muchas dudas que necesitan respuestas, y nosotros sólo pedimos verdad y justicia", agregó.
Renca
La comuna donde vivía y donde falleció Osorio es Renca, un barrio de Santiago con altos índices de pobreza, lo que según Arias, generó que muchos abordaran la noticia del fallecimiento de su hijo como un simple saqueo, estigmatizando a las víctimas.
La madre de Osorio señaló que su hijo "no es un saqueador, no es un delincuente, es un joven estudiante de familia humilde y trabajadora, que llegó a mirar como todo el mundo pero lamentablemente, llegó en el momento menos indicado".
Osorio estudiaba en un colegio técnico con miras a seguir una carrera en telecomunicaciones, era deportista, hacía crossfit y andaba en patineta.
"En Chile hay dos clases de personas, los ricos y los pobres, a nosotros nos toman como gente ignorante y por eso pensaban que nos íbamos a quedar en silencio, que cuando nos entregaran el cuerpo lo íbamos a enterrar y el caso se iba a cerrar, pero nosotros nos organizamos y luchamos por nuestros derechos, porque si a una persona del barrio alto le hubiesen matado a su hijo, sabemos que el caso ya estaría resuelto", cerró.
Diversos organismos nacionales e internacionales como el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Human Right Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de la Alta Comisionada Para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, confirmaron que se produjeron violaciones a los derechos humanos y abusos policiales durante la crisis.
