"No hay en El Salvador ninguna ley o política que reconozca y proteja a los defensores de los derechos humanos en el país: para las instituciones del Estado son invisibles", denunció Robles, coordinadora del Programa de Transparencia y Anticorrupción de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
Robles señaló que organizaciones de la sociedad civil, incluso, presentaron un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa (Parlamento) para que los diputados tomen conciencia sobre la necesidad de normas que reconozcan y protejan a los defensores de los derechos humanos.
"El Estado no ha hecho caso a las recomendaciones que llegan desde el sistema universal y el interamericano sobre la necesidad de legislar garantías para quienes velan por la defensa de los derechos humanos", acotó Robles.
A propósito de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Fespad emitió un comunicado en el que denunció que en El Salvador se atenta contra "el derecho a defender derechos".
Según el texto, tal situación favorece el abuso, persecución, intolerancia, discriminación, acoso, criminalización, judicialización, muerte e impunidad, debido a la ausencia de una normativa que responda a los requerimientos internacionales.
"En el país no existe una política pública, ni mecanismos nacionales de seguridad y protección a la integridad del defensor de los derechos humanos, a la de sus familias y sus organizaciones, dejándoles en total indefensión frente a un aparato estatal que les criminaliza, y frente a una sociedad que aún no dimensiona y comprende la importancia de su labor", agrega el comunicado.
Los defensores de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales) sufren una doble vulnerabilidad, y están más expuestos a sufrir agresiones, como evidenció una reciente ola de crímenes de odio, que el Estado no reconoce como tal.
