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Un activista denuncia que Estado salvadoreño dio la espalda a víctimas del conflicto armado

© AP Photo / Luis RomeroGuerra civil en El Salvador (archivo)
Guerra civil en El Salvador (archivo) - Sputnik Mundo
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SAN SALVADOR (Sputnik) — Las víctimas del conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980 y 1992 mantienen sus presiones para que el Estado deje su tradicional indiferencia y apruebe una ley de reconciliación que garantice justicia en vez de impunidad.
"El Estado salvadoreño lleva décadas dándole la espalda a las víctimas del conflicto armado, negándose a reconocerles sus derechos y su dignidad", dijo a Sputnik el integrante de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, David Ortiz.

Ortiz reclamó más normativas en pro de las víctimas y no de sus victimarios, a propósito del reciente plazo concedido por la corte constitucional de El Salvador a la Asamblea Legislativa (parlamento) para que apruebe una ley que cumpla con estándares de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.

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Los diputados tienen hasta el próximo 28 de febrero para aprobar esa ley, después de que fueran rechazadas dos propuestas impulsadas por la derecha parlamentaria, acusadas de ser una "amnistía disfrazada".

"Como telón de fondo de esta problemática hay un Estado que se ha negado a generar mecanismos de protección, reconocimiento y reparación para las víctimas: es reiterativo que a los órganos del Estado no les interesa generar las condiciones mandatadas por la corte constitucional para la ley de reconciliación", enfatizó Ortiz.

El activista confirmó que los representantes de las víctimas solicitaron una audiencia de seguimiento para impedir que el Estado siga dándole la espalda a quienes sufrieron crímenes de guerra y violaciones de sus derechos humanos durante el conflicto.

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La Mesa contra la Impunidad denunció que las consultas realizadas por los diputados para elaborar la ley requerida fueron realizadas sin la metodología adecuada y sin una verdadera intención de atender a las demandas de las víctimas, tratando en su lugar de imponer una propuesta que daría lugar a una nueva amnistía.

Incluso, entre los encargados de dirigir el proceso en el Poder Legislativo había diputados que en su momento fueron señalados entre los cómplices de algunos crímenes de lesa humanidad, como la masacre de seis sacerdotes jesuitas españoles en noviembre de 1989.

"Las personas que están vinculados con el conflicto deben apartarse", insistió Ortiz.

Una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas determinó que el conflicto armado costó la vida a unas 75.000 personas, y estuvo marcado por continuas violaciones a los derechos humanos encabezadas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, pero también con casos documentados en la guerrilla.

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