"El Estado salvadoreño lleva décadas dándole la espalda a las víctimas del conflicto armado, negándose a reconocerles sus derechos y su dignidad", dijo a Sputnik el integrante de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, David Ortiz.
Ortiz reclamó más normativas en pro de las víctimas y no de sus victimarios, a propósito del reciente plazo concedido por la corte constitucional de El Salvador a la Asamblea Legislativa (parlamento) para que apruebe una ley que cumpla con estándares de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición.
"Como telón de fondo de esta problemática hay un Estado que se ha negado a generar mecanismos de protección, reconocimiento y reparación para las víctimas: es reiterativo que a los órganos del Estado no les interesa generar las condiciones mandatadas por la corte constitucional para la ley de reconciliación", enfatizó Ortiz.
El activista confirmó que los representantes de las víctimas solicitaron una audiencia de seguimiento para impedir que el Estado siga dándole la espalda a quienes sufrieron crímenes de guerra y violaciones de sus derechos humanos durante el conflicto.
Incluso, entre los encargados de dirigir el proceso en el Poder Legislativo había diputados que en su momento fueron señalados entre los cómplices de algunos crímenes de lesa humanidad, como la masacre de seis sacerdotes jesuitas españoles en noviembre de 1989.
"Las personas que están vinculados con el conflicto deben apartarse", insistió Ortiz.
Una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas determinó que el conflicto armado costó la vida a unas 75.000 personas, y estuvo marcado por continuas violaciones a los derechos humanos encabezadas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, pero también con casos documentados en la guerrilla.
