A principios de este mes, los activistas habían pedido al tribunal que ordenara al Gobierno de EEUU entregar documentos que, según dicen, demuestran que cooperaron con los agentes de la ley en los días previos a su arresto, según informes judiciales.
Los cuatro activistas, Margaret Flowers, Keven Zeese, Adrienne Pine y David Paul, fueron arrestados el 16 de mayo cuando el Servicio Secreto de EEUU y la policía del Departamento de Estado allanaron la embajada para confiscar las instalaciones y entregarlas a la figura de la oposición venezolana Juan Guaidó.
Los activistas habían estado residiendo en la embajada con el permiso del Gobierno venezolano.
Los abogados de los activistas dijeron en una presentación judicial que los documentos prueban que los activistas no interfirieron con las funciones protectoras del Departamento de Estado, lo que socava los cargos penales que enfrentan actualmente.
John Zwerling, abogado de uno de los activistas, dijo a Sputnik que "el juez decidió que no tenemos derecho a un descubrimiento adicional, vamos al juicio por jurado".
Los activistas argumentan que tenían el derecho legal de quedarse en las instalaciones porque la embajada pertenece al Gobierno legítimo reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del presidente Nicolás Maduro.
Venezuela sufre una grave crisis política desde fines de enero pasado cuando el líder opositor Guaidó, respaldado por EEUU, se proclamó "presidente encargado" del país.
Maduro acusó a Guaidó de ser un títere de EEUU, trabajando con Washington para organizar un golpe de Estado para poder controlar los recursos naturales de Venezuela.
