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Congreso colombiano estudiará proyecto para regular la protesta social

CC BY-SA 2.0 / Miguel Olaya / CapitolioCongreso de la República de Colombia
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BOGOTÁ (Sputnik) — Un proyecto de ley para regular la protesta social en Colombia, y que prohíbe el uso de capuchas en las marchas, será presentado en breve en el Congreso, reveló un medio local.
"No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas", dice el proyecto, que será presentado por el senador conservador Juan Diego Gómez, indicó la emisora La FM.

El texto está redactado y sería presentado "en las próximas horas", agregó el medio.

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El proyecto también señala que "no se permitirá el uso de cualquier elemento que pueda ser empleado para atentar en contra de la integridad física de los miembros de la fuerza, terceros y el patrimonio público y/o privado", y precisa que "su uso implicará la imposición de sanciones".

Asimismo, señala que "solo se podrá marchar o reunirse pacíficamente a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural", mientras que se prohíbe realizar pintadas o grafitis en los "bienes de carácter público y privado".

El proyecto de ley también prevé obligar a los promotores de las protestas a adquirir una póliza de seguro especial que cubra la totalidad de los daños que eventualmente se produzcan en las marchas.

La iniciativa también se refiere al armamento que debe usar la Fuerza Pública, en particular el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía para controlar desbordes y aunque subraya la prohibición del uso de armas de fuego, autoriza que se incorporen pistolas eléctricas.

"El Esmad, la Policía Nacional y el Ejército Nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Taser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego", señala el texto.

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Asimismo, obligará a disponer de "una ambulancia por cada 300 miembros de la Fuerza Pública que deban intervenir para recuperar el orden público y un equipo de bomberos contra incendio por cada 500 miembros de la Fuerza Pública".

Por último, el proyecto contempla que los promotores de la protesta social que violen las restricciones contenidas en esa ley deberán enfrentar tres tipos de castigos, entre los que se contemplan sanciones económicas, servicio social y pérdida de beneficios educativos para jóvenes que hacen uso de créditos del Estado para pagar sus estudios y que participen en actos vandálicos o violentos en el marco de las marchas.

El proyecto se conoce en medio de un paro nacional contra el Gobierno desde el pasado 21 de noviembre.

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