Once diputados de los partidos opositores Voluntad Popular (el de Juan Guaidó), Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, habrían participado, según el portal, de una "trama para otorgar indulgencias" a los empresarios colombianos Alex Saab, Álvaro Pulido y Carlos Lizcano.
Saab y Pulido fueron sancionados por el Departamento del Tesoro en julio de 2019 por su presunta relación con el reparto de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Por su parte, Lizcano es señalado por Armando.Info como el "testaferro" de ambos.
Los parlamentarios opositores acusados, que en su mayoría pertenecen a la Comisión de Contraloría de la Asamblea, se habrían movilizado frente a instancias internacionales como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de EEUU. Enviando "cartas de buena conducta" les pedían que dejen de investigar a estos empresarios colombianos, supuestamente en la órbita del chavismo y relacionados con la trama de corrupción que implicaría al reparto de alimentos CLAP según EEUU.
El argumento que dan en sus misivas es que en Venezuela ya habrían cesado las investigaciones en su contra. De hecho, Carlos Lizcano aparece en uno de los documentos firmados por los diputados José Brito y Freddy Superlano como propietario de Salva Foods 2015. Se trata de la compañía que maneja las tiendas CLAP surgidas tras una "privatización encubierta" de la extinta "Abastos Bicentenario", red estatal de supermercados con productos a precios regulados o subsidiados por el Gobierno, informa la investigación revelada por ArmandoInfo.
Así que toda esta bomba informativa ha provocado la reacción inmediata del líder opositor, Juan Guaidó, ya que tres de los diputados acusados pertenecen a su partido. En ese sentido, Guaidó ha creado una Comisión de Investigación para esclarecer los hechos y ha suspendido a los diputados implicados.
Además, ha señalado que todo este entramado se debe a "un plan de la dictadura para tratar de ensuciar a algunos parlamentarios" con el fin de impedir su reelección como presidente del Parlamento el 5 de enero, cuando se cumple su primer mandato.
Fuego contra Guaidó
La trama está salpicando a Guaidó porque el fuego cruzado de acusaciones entre sus partidarios y los diputados investigados en la denominada Operación Maletín Verde está siendo escandaloso.
El más activo de los detractores de Guaidó es el parlamentario José Brito, del partido Primero Justicia (ha sido expulsado del partido por esta trama), al que le ha sentado muy mal el cuestionamiento de su honor por parte de la cúpula del Parlamento y ha arremetido contra su presidente llamándole "estafador", "corrupto" e "inmoral".
El ex de Primero Justicia califica los acontecimientos de esta semana como una "guerra sucia" contra su "rebelión" e incluso acusa a Guaidó y Maduro de navegar juntos en el mismo barco: "Juan Guaidó y Maduro son compinches. Se reparten las riquezas de Venezuela para mantener un status quo mientras que el pueblo pasa hambre", declaró ante los medios de comunicación.
"Brito está respondiendo, el ataque es hacia él y por eso contraataca de esta manera", asegura en entrevista para Sputnik Víctor Hugo Majano, periodista y director del portal web de investigación La Tabla. "Se sienten cercados por todo lo que han hecho porque la situación ha llegado a unos niveles absolutamente escandalosos".
"Desde que Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional", continúa, "ha habido una especie de choque entre los actores que ostentan el poder y la corrupción viene de dos fuentes: por un lado, tienes a los partidos políticos buscando financiamiento y por el otro, a los empresarios tratando de apoderarse de los activos del Estado. En este caso, ambos actores se desdibujan, son lo mismo".
Prueba de ello sería, según el periodista de investigación, las tramas de corrupción orquestadas por la oposición y vinculadas a las dos filiales más importantes del estado venezolano en el extranjero: CITGO (la filial de PDVSA, Petróleos de Venezuela) y Monómeros (la mayor productora de fertilizantes en Colombia, propiedad de Venezuela desde el año 2005 y que se ha convertido en su segunda fuente de ingresos).
En ambas empresas, Guaidó nombró una nueva junta directiva paralela porque quería asegurarse de que sus activos y las ganancias de estas compañías las gestione su entorno y no el gobierno de Nicolás Maduro. El resultado: miles de millones de dólares en el limbo de dios sabe qué bolsillos.
Irregularidades parlamentarias
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, diputado de Acción Democrática y designado como presidente de la Comisión que investiga a los 11 parlamentarios implicados en la Operación Maletín Verde, dijo a Sputnik que "hay un cúmulo de irregularidades en el funcionamiento de la Comisión de Contraloría (a la que pertenecen estos parlamentarios y a través de la cual habrían utilizado sus influencias)".
Zambrano no aclara cuáles serían esas "irregularidades" porque asegura que "no sería ético especificar sin salvaguardar la presunción de inocencia, el legítimo derecho a la defensa y el respeto a los DDHH".
Mientras tanto la tensión es máxima y es imprevisible de qué manera puede afectar este nuevo capítulo de corrupción a Guaidó, del que Zambrano se sigue manifestando partidario.
"Yo votaré por Guaidó el próximo 5 de enero aunque habrá que ver qué otras opciones hay", dice Zambrano quien descarta presentarse como candidato ante un eventual vacío de poder. El vicepresidente de la Asamblea Nacional niega los rumores de compra de diputados que estos días habrían corrido por los pasillos del Legislativo para votar en contra de Guaidó a cambio de un millón de dólares.
¿Dónde está el dinero de la ayuda humanitaria?
La Operación Maletín Verde ha vuelto a poner sobre la mesa un fantasma que durante los últimos meses ha puesto en entredicho la honorabilidad de Guaidó y su entorno y que nunca se esfumó del todo. Hablamos de la gestión de la ayuda humanitaria y de los ingresos obtenidos a través de donaciones y del concierto realizado para este fin el pasado 23 de febrero en Cúcuta.
¿Dónde está ese dinero? Es una pregunta recurrente que todavía no tiene respuesta. "La gestión de los recursos obtenidos tras el concierto del 23 de febrero recayó en un grupo del entorno de Juan Guaidó que desde hace más de un año está trabajando para la obtención y lavado de capitales", asegura el periodista Víctor Hugo Majano.
Sus palabras todavía resuenan, seguro, en los oídos del que hasta hace pocos días fuese su jefe político: "había un mal manejo de las cosas y había que prestarle atención. No lo inventé yo. Las autoridades colombianas me dieron la alerta y me mostraron documentos donde se hablaba de prostitutas, licor", afirmó en una concurrida rueda de prensa dos días después de su destitución.
Edgar Zambrano no sabe por qué Guaidó cortó la cabeza de Calderón Berti. "Eso habría que preguntárselo a él". Pregunta: "Usted es de su entera confianza y es el vicepresidente de la Asamblea. ¿No le comentó nada?". "Después hablamos". Mentira.
Sobre el destino de los fondos recogidos ese día, Zambrano asegura que hasta donde él sabe, "no hay ningún elemento fáctico que me diga que allí hubo irregularidades más allá de lo que es un hecho noticioso, público y notorio".
¿Cuál es el hecho noticioso, público y notorio?
El diputado de Acción Democrática añade que la Asamblea Nacional de Venezuela no administra ninguna fuente económica. "El dinero recaudado no pudo haber sido direccionado al Gobierno interino de Juan Guaidó porque no existen los mecanismos ni para la recepción ni para el control", señaló.
Ni la ONU ni las ONG que están trabajando en Venezuela han afirmado nunca haber recibido ni gestionado estos recursos.
La Comisión de Investigación del Parlamento encabezada por Edgar Zambrano deberá exponer el informe con sus conclusiones el próximo 18 de diciembre y a partir de ahí, el futuro de los parlamentarios en entredicho, en caso de ser considerados culpables, dependerá de la Fiscalía.
La pregunta es por qué y a cambio de qué habrían intercedido estos diputados ante instancias internacionales en nombre de los empresarios colombianos sancionados por el Departamento del Tesoro.
Un mal año para Guaidó
El 2019 no acaba bien para Guaidó, que llegó a tocar la gloria de la emoción del cambio durante los primeros meses del año. La debacle comenzó por el hastío de sus masas ante las promesas de su mantra incumplido que conllevaba hacer desaparecer a Nicolás Maduro.
No lo consiguió y tampoco consiguió un gobierno de transición ni unas "elecciones libres". Al contrario, el chavismo se unió frente a su amenaza y la oposición, cada vez más dividida internamente, deja en evidencia una ruptura probablemente irreparable que ya ni siquiera se esfuerza en disimular.
