"Deseamos prioritariamente satisfacer esta demanda surgida después de los días de luto y dolor que hemos vivido (...), éste es otro paso que mi Gobierno ha aprobado en el camino hacia la consolidación del proceso de pacificación y reconciliación entre todos los bolivianos", dijo la presidenta Jeanine Áñez en la presentación del decreto que dispone la indemnización.
Coímbra señaló que el gobierno, en coordinación con la fiscalía, estableció en 29 el número definitivo de fallecidos en incidentes de los conflictos ocurridos entre el 21 de octubre y el 24 de noviembre, en las protestas que siguieron a las elecciones del 20 de octubre y enmarcaron sucesivamente la caída del presidente Evo Morales y su reemplazo por Áñez.
Dijo que la indemnización —50.000 bolivianos por fallecido— estaba incluida en una "ley de garantías" concertada entre el gobierno de Áñez y el Movimiento Al Socialismo de Morales.
"Esa ley ya no corresponde porque solo ratifica las garantías constitucionales que ya están establecidas en la Constitución y las leyes, y que solo corresponde cumplirlas", afirmó.
Pero el Movimiento Al Socialismo (MAS), que tiene mayoría en el parlamento, se disponía a iniciar esta semana el trámite de aprobación de esa ley.
En los conflictos de octubre y noviembre, hubo, primero, tres semanas de protestas contra Morales, con cuatro o cinco muertos según informes extraoficiales.
Luego ocurrieron dos semanas de manifestaciones en defensa de Morales y contra el autoproclamado gobierno de Áñez, reprimidas por la policía y las Fuerzas Armadas con saldo de hasta 29 muertos, de acuerdo con la Defensoría.
