"A diferencia de otros casos, que se han investigado de manera impecable y con elementos muy contundentes, en este —iniciado en septiembre de 2018— no hubo un enfoque técnico-jurídico adecuado, por lo cual persistir en la acusación no sería ético", dijo la Fiscal en su cuenta de la red social Twitter.
A diferencia de otros casos estructurados con elementos de convicción contundentes,en el de Sofía Espin,abierto en Sep/18,no hubo un enfoque tecnico-jurídico adecuado,por lo cual, persistir en la acusación no sería ético y contraviene principios básicos de Derecho.
— Diana Salazar M. (@DianaSalazarM2) December 5, 2019
Espín, del movimiento político del expresidente Rafael Correa (2007-2017), tenía una orden de prisión preventiva en su contra desde enero pasado, aunque desde octubre de 2018 estuvo refugiada en Bolivia; tras la salida del presidente Evo Morales, Espín recibió protección del Gobierno mexicano.
Falcón junto con el exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza, afirmaron durante las investigaciones que en el caso del secuestro de Balda seguían órdenes del expresidente Correa y de su exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero.
Falcón declaró en octubre de 2018 ante la Fiscalía y la Asamblea Nacional que Espín junto con Yadira Cadena, una abogada de Correa, la visitaron en la cárcel para pedirle que cambie su versión en el caso del secuestro de Balda para no perjudicar al exmandatario, y que incluso le ofrecieron protección de la ONU, asilo en Bélgica y dinero, lo cual fue negado por las dos mujeres que aseguraron que la visita tuvo fines humanitarios
La Fiscal aseguró que los hechos descritos en el proceso no se enmarcan en los lineamientos del tipo penal sancionado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Según la Fiscal, la visita que Espín y Cadena realizaron a Falcón no constituye por sí sola delito de fraude procesal, ya que Falcón no aceptó los ofrecimientos y los hizo públicos.
"La Fiscalía General del Estado rige todas sus actuaciones a la luz de la verdad procesal, en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales; hemos sido enfáticos en esto y lo demostramos con hechos: Fiscalía no persigue personas sino delitos", enfatizó Salazar.
El 5 de diciembre tras conocerse la decisión de la Fiscal General, la asambleísta Marcela Aguiñaga, del movimiento político de Correa, dijo que existen elementos para que Espín exija reparaciones al Estado por su destitución del cargo de legisladora.
El presidente de la legislatura, César Litardo, mientras tanto, descartó que la legislatura restituya el cargo a Espín.
