La denuncia fue presentada por considerar que el Gobierno que preside Bolsonaro está "incitando al genocidio indígena".
"Siempre que el tribunal aprecia casos gravísimos, como el genocidio de Ruanda, vemos que existe una preocupación en saber cómo se llegó a esa situación, cuál fue el contexto; lo que estamos afirmando es que estamos en ese momento de incitación: hay una deshumanización [de los indígenas], un discurso que hace que la base de apoyo [de Bolsonaro] tome decisiones violentas… El desafío es que el tribunal mire no sólo situaciones límite, sino que pueda evitar una tragedia", explicó la abogada.
La jurista cita, por ejemplo, la negativa de Bolsonaro a delimitar nuevas tierras indígenas, el hecho de que la Fundación Nacional del Indio (Funai, el organismo que se encarga de proteger a las comunidades nativas en Brasil) haya sido prácticamente vaciada de contenido o que el Gobierno esté impulsando la aprobación de actividades mineras dentro de esos territorios.
Interferencias
La denuncia fue presentada por el Colectivo de Abogados en Derechos Humanos, al cual pertenece Vieira dos Santos, y por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos don Paulo Evaristo Arns.
Así, citó a modo de ejemplo las "sucesivas interferencias" en el alto mando de la Policía Federal por parte del presidente para proteger a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, de la investigación en un presunto caso de corrupción, o el hecho de que el mandatario escogiera como Procurador General de la República a una persona "alineada con sus intereses", poniendo fin a la tradición que se venía respetando durante toda la democracia de que el jefe de Estado designara en ese puesto a alguien recomendado por el propio sector de fiscales brasileños.
La denuncia (que en realidad es una petición para que se inicie una investigación) se presentó a la procuradora jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que ahora deberá solicitar informaciones a los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, y otras fuentes que considere relevantes.
El TPI, también conocido como tribunal de la Haya, procesa y juzga a individuos acusados de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y delitos de agresión.
En caso de que la corte acepte la denuncia, investigue y eventualmente condene a Bolsonaro, el presidente brasileño podría enfrentarse a penas de prisión, cadena perpetua o confiscación de bienes, en función de la gravedad del caso.
Brasil apoyó la creación de esta corte a través del Estatuto de Roma, adoptado en 1998 al considerar que una corte penal "eficiente, imparcial e independiente" representaría un gran avance en la lucha contra la impunidad de los delitos internacionales más graves, según destaca la Cancillería en su página web.
