"La Sala de lo Constitucional considera procedente otorgar un plazo adicional para que la Asamblea Legislativa emita, a más tardar el 28 de febrero de 2020, una ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas", informó la institución a través de una nota de prensa publicada en su cuenta de la red social Twitter.
(Comunicado) Sala de lo Constitucional otorga hasta el 28 de febrero de 2020 para cumplimiento de sentencia de
— CorteSupremaSV (@CorteSupremaSV) December 4, 2019
inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía
(Inconstitucionalidad 44-2013/145-2013) https://t.co/MgbSiAAVPR pic.twitter.com/n4czSR7XtV
La normativa en cuestión debe cumplir con los parámetros de justicia, verdad, reparación de las víctimas y no repetición de los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.
Un día antes de expirar ese plazo, la Asamblea pidió otra prórroga ante la falta de consenso respecto a las propuestas de ley, en particular una impulsada por la derecha parlamentaria, rechazada por ser considerada "una amnistía disfrazada".
"Si bien el Legislativo ha desarrollado ciertas acciones orientadas a cumplir con la sentencia, éstas por el momento son insuficientes para lograr acuerdos sobre los procesos de justicia de transición que revisten el más alto interés público", expresó la instancia que vela por el cumplimiento de la Constitución de El Salvador.
La nueva resolución insiste en que tales acuerdos requieren de consultas y debates públicos profundos desde un punto de vista política y técnico, por ello le concedió casi tres meses más a los diputados para colegiar una propuesta.
Los partidos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (izquierda), Cambio Democrático (socialdemócrata), Gran Alianza por la Unidad Nacional (derecha) y el diputado independiente Leonardo Bonilla defienden que para la Ley de Reconciliación sea tomada como referencia la propuesta de las organizaciones de víctimas y derechos humanos.
Varias investigaciones señalan que la guerra civil en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.
La Comisión de la Verdad de la ONU reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.