El Ministerio fiscal reclamó a la Sala de lo Penal que cite a Borràs como investigada ya que considera que la diputada catalana pudo cometer los delitos de malversación, prevaricación, fraude y falsedad, según informó el diario español El País.
En julio de 2018, el juzgado barcelonés comenzó a indagar las presuntas irregularidades cometidas en la contratación de servicios informáticos para la página web de la institución que dirigía Borràs.
Entre 2013 y 2017, y como responsable de esta entidad, Borràs habría adjudicado un total de 18 contratos a un programador informático y amigo suyo con el fin de "enmascarar" un "fraccionamiento ilegal", según valora el Ministerio fiscal.
De importes menores a 18.000 euros con el fin de eludir un concurso público, estos contratos sirvieron para defraudar una cantidad superior a 250.000 euros (277 dólares), apunta la investigación.
La líder independentista, que ocupó este 3 de diciembre su escaño en el Congreso, mantuvo durante el transcurso de las pesquisas judiciales que se trataba de una investigación con "motivación política".
Por su parte, la portavoz del Gobierno catalán, Meritxell Budó, preguntada en rueda de prensa sobre esta investigación, aseguró que desde el Ejecutivo catalán "respetan" tanto el proceso judicial como la presunción de inocencia.
