"Esta sentencia no solamente juzga a estas siete personas sino que abre la puerta hacia otras responsabilidades dentro de la empresa [DESA]", a la que Cáceres había denunciado antes de morir por el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
La Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño falló un año atrás en el primer juicio por el asesinato de la activista, determinando que el crimen fue cometido "con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. [DESA]" con el objetivo de poner fin a la resistencia al proyecto Agua Zarca.
El tribunal declaró culpables el 29 de noviembre de 2018 a siete de los ocho acusados como ejecutores del asesinato de la activista:
- Sergio Rodríguez,
- Mariano Díaz,
- Douglas Bustillo,
- Henry Hernández,
- Elvin Rápalo,
- Óscar Torres,
- Edilson Duarte.
Cáceres fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
"El Estado tiene que comprometerse a seguir trabajando en esa línea, y no cerrar el caso solo por dar algún tipo de resultado, después de casi cuatro años de estar exigiendo que a alguien se le adjudiquen responsabilidades, a una persona o a una estructura criminal, por este hecho tan trágico", señaló Zúñiga.
Este 2 de diciembre el Tribunal de Sentencia leerá la sentencia en la Corte Suprema de Justicia de Tegucigalpa a las 13.30 hora local (19:00 GMT).
En la sentencia, el tribunal deberá individualizar la responsabilidad y pena de cada persona condenada y ordenar las investigaciones que considere pertinentes sobre el crimen que se esclareció en el debate oral y público y podría incluir a otros actores que ordenaron y pagaron por el asesinato, según señala el Copinh.
En mayo de este año, el Copinh señaló a esta agencia que a pesar de la lectura del fallo del tribunal realizada en noviembre de 2018, no existía "ningún documento oficial escrito en el que se corrobore ese fallo, la sentencia de culpabilidad contra estas personas (…), las partes no pueden recurrir a ese fallo. Esto no significa que esto sea irregular en Honduras debido a que el sistema de justicia es muy lento, pero en este caso, que tiene tanta trascendencia, demuestra la inoperancia del sistema de justicia".
La familia de la activista y el Copinh denunciaron durante el proceso reiteradas irregularidades en el desarrollo del caso, tanto contra la Fiscalía como con el Tribunal, y Zúñiga sostiene que la demora en la sentencia está relacionada a esto y al "irrespeto a los plazos que están establecidos en la ley hondureña, que simplemente están yendo en contra del camino de la justicia y a favor de la impunidad".
Respecto a los presuntos autores intelectuales del crimen, hay un caso abierto, que también lleva retrasos, y es el que involucra al expresidente ejecutivo de DESA, David Castillo, actualmente en prisión preventiva.
La familia de la activista considera que Castillo "es el eslabón más débil entre quienes tomaron la decisión (de asesinar a Cáceres) y apoyaron económicamente que este hecho se materializara".
La familia se mantiene firme en exigir "la captura de los máximos responsables, debido a que ya se ven algunas pruebas que determinan algún tipo de participación con nombres y qué papel jugaban dentro de la estructura criminal".
El Copinh señala que si bien el Ministerio Público anunció públicamente en reiteradas ocasiones que continúa investigando el caso, hasta la fecha no se expidieron más órdenes de captura contra los autores intelectuales.