"Es una gestión que desmontó lo que se construyó a duras penas en más de 30 años; es chocante, es un estado de indignación y tristeza… todo los que se hizo, unos gobiernos más, otros menos, en menos de un año todo eso fue destruido", dijo Silva, quien cuando fue ministra consiguió un descenso notable de la deforestación en la Amazonía.
Para la exfuncionaria, "Bolsonaro no sorprendió, porque en su campaña dijo que iba a acabar con multas ambientales, con el Ministerio de Medio Ambiente y que no creía en el cambio climático".
Esta semana, el presidente Bolsonaro fue denunciado ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes contra la humanidad por "incentivar el genocidio indígena".
Silva cree que los planes del mandatario para la Amazonía suponen un "grave riesgo" para estos pueblos, que históricamente sufren una "violencia constante" y ahora, además, el desamparo del Gobierno.
La desautorización por parte de las actuales autoridades brasileñas de los órganos de control de delitos ambientales y las muestras de apoyo a infractores son algunas de las principales causas del aumento de la deforestación: entre agosto de 2018 y julio de 2019 aumentó un 30%, según datos oficiales, hasta llegar a los 9.762 kilómetros cuadrados, más de seis veces el tamaño de la ciudad de São Paulo.
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— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) August 25, 2019
La exministra, no obstante, cree que las cosas aún pueden empeorar si Bolsonaro saca adelante un proyecto de regularización de terrenos en base a la autodeclaración (cuando basta que alguien diga que esa tierra es suya para que el Gobierno la legalice) o concrete su idea de llenar la Amazonía de grandes presas hidroeléctricas, carreteras y proyectos mineros.
"Será el fin de la Amazonía, llegaremos a un punto de no retorno", alertó.
Como alternativa, Silva propone una especie de "Plan Marshall para la Amazonía", que reúna a los nueve países que comparten la selva, pero con liderazgo de la sociedad civil, y que pueda captar fondos para invertir en desarrollo sostenible, biotecnología, puesta en valor de las comunidades tradicionales, etcétera.
Una idea similar es la del Fondo Amazonía, que existe en Brasil desde hace años para captar donaciones de países extranjeros para ayudar a la protección de la selva, pero que también quedó congelado después de las medidas tomadas por el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quien quería usar los fondos para indemnizar a propietarios rurales.
La próxima semana comenzará en Madrid la COP25 (25 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), y Salles dijo que pretende asegurarse de que los países ricos indemnicen a Brasil por todo lo que el país ya está haciendo en favor del ambiente.
Silva calificó al ministro de "sinvergüenza" por esta actitud y lamentó el papel que está desempeñando Brasil en este tipo de foros.
"Brasil ha pasado de ser el primer país en asumir metas voluntarias de reducción de emisión de gases a ser visto como un paria; (el ministro) llegará con la cara de quien ha ayudado a que la deforestación aumente un 30%, que recortó presupuesto, que ayudó a autorizar que se cultive caña de azúcar en la Amazonía, que amenaza a los indígenas con la minería (…) prácticamente desmontó el Acuerdo de París (…) crearon un problema enorme y ahora van como si estuviera todo bien, para dar lecciones de moral", criticó.
Silva nació en el estado amazónico de Acre (norte), en una familia pobre se "seringueiros" (recolectores de caucho) y no sólo aprendió a leer y escribir ya adolescente; tras formarse como historiadora entró en la lucha ambiental y sindicalista de la mano de Chico Mendes; después fue diputada, senadora, ministra, y candidata a la presidencia (en las elecciones de 2010, 2014 y 2018).
