"En razón de la duplicidad de procedimientos de investigación, y con el propósito de evitar nulidades, es necesario aclarar si la competencia sería de la Justicia Federal o de la Justicia Común Estadual", dice la manifestación firmada por una decena de procuradores de la República, según adelantó el portal de noticias G1.
Desde septiembre, ya estaba en marcha una investigación de la Policía Federal sobre el origen de los incendios en esta región del estado de Pará, pero la Policía Civil (que está bajo la competencia del Gobierno de Pará) inició otra por su cuenta, la que se saldó con la detención de cuatro brigadistas.
La petición para aclarar a quién corresponde el caso se produce un día después de que la misma Fiscalía pidiera tener acceso integral a la investigación que acusa a los miembros de la ONG Brigadistas de Alter de estar detrás de los incendios.
La Fiscalía recordó que en la investigación que la Policía Federal abrió en septiembre "ningún elemento apuntaba a la participación de brigadistas y organizaciones de la sociedad civil en los incendios".
"Al contrario, la línea de investigaciones federales, que viene siendo seguida desde 2015, apunta al asedio de "grileiros" [ocupantes ilegales de tierras], ocupación desordenada y para especulación inmobiliaria como las causas de la degradación ambiental en Alter", añadía la Fiscalía.
Después de las detenciones, los agentes de la Policía Civil explicaron en rueda de prensa que los brigadistas provocaban los incendios para poder realizar fotos combatiendo el fuego, imágenes que enviaban a otras organizaciones, como WWF, para garantizar así que recibirían dinero de patrocinios.
Los brigadistas conversaban sobre la necesidad de demostrar ante WWF que estaban combatiendo el fuego, ya que esta organización les suministraba material antiincendio, y necesitaba pruebas gráficas para rendir cuentas ante sus socios y patrocinadores del destino del dinero aportado en donaciones.
Diversas organizaciones ecologistas y el frente parlamentario ambientalista (que reúne a los diputados más interesados en temas medioambientales) expresaron su rechazo a las detenciones remarcando que podría tratarse de una especie de caza de brujas dado el discurso beligerante del Gobierno de Bolsonaro contra las ONGs.
