Rebelión popular en Colombia: rechazo a un mayor ajuste neoliberal

© REUTERS / Carlos JassoProtestas en Colombia
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El modelo económico colombiano, que durante décadas fue puesto como referencia regional, está en crisis. Una inmensa movilización popular dejó al descubierto la debilidad de un sistema que ha agudizado la desigualdad. Lo mismo sucede en Ecuador y en Chile.

La rebelión reunió a diversos sectores, desde centrales de trabajadores, movimientos sociales, artistas, partidos de oposición y miles de personas que se convocaron a través de las redes sociales.

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Existen diversas motivaciones para entender esta masiva reacción social, que analistas colombianos estiman como la más importante desde 1977. Todas ellas se resumen en el hastío de la mayoría de la población a una política neoliberal que propone seguir reduciendo derechos sociales y económicos.

El presidente Iván Duque, que ganó las elecciones con el 54% de los votos a mediados de junio del año pasado, acumula el desgaste de la fuerza de centroderecha que está desde hace muchos años en el poder. Ahora, con el Partido Centro Democrático, fundado por Álvaro Uribe; antes, con el Partido de la U del expresidente Juan Manuel Santos.

Esta corriente política es dominante de la realidad colombiana desde hace varias décadas. El rechazo social que ahora se manifiesta no es solo contra medidas impulsadas por el Gobierno de Duque, sino contra un modelo económico que no brinda respuestas en términos de mejorar el bienestar social.

Las últimas encuestas revelan que Duque ha venido perdiendo apoyo de forma acelerada, puesto que la aprobación a su gestión es del 26% y la imagen negativa del 69%.

Reformas

Las demandas sociales se concentran en el rechazo del neoliberalismo, contra la corrupción, el deficiente sistema de salud y la precarización laboral.

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Duque presentó dos proyectos de reforma. El primero, en materia de pensiones, con el objetivo de establecer un sistema previsional único de ahorro individual, debilitando el actual régimen de solidaridad intergeneracional.

Si prosperara, sería eliminar el fondo estatal de jubilaciones (Colpensiones); además, el plan propone aumentar la edad para jubilarse.

Es un proyecto similar al del modelo jubilatorio chileno, que hoy está en crisis por las deficientes prestaciones que entrega a los trabajadores al momento del retiro.

El segundo proyecto es el laboral, profundizando la precarización, al permitir el contrato por horas o por días, como también la cobertura del servicio de salud y pensiones por días. Plantea también la posibilidad de pagar el 75% del salario mínimo a jóvenes menores de 28 años, mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62 años.

Motivos

Esta reforma puso en guardia al movimiento sindical, que representa a apenas el 4,5 % de los trabajadores y también provocó el rechazo de la población joven y de mediana edad.

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La reacción se produjo porque lo que se propone desde el Gobierno es eliminar los pocos derechos laborales que aún están vigentes.

Son reformas recomendadas en documentos públicos por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.

El director de la Revista Sur de Colombia, Pedro Santana Rodríguez, señala que sobran motivos para la protesta. Indica que el desempleo, la precarización de las condiciones laborales y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se profundizaron en los primeros 15 meses del Gobierno de Duque.

Esto, en un contexto de continuos asesinatos de líderes sociales, que ya superan los 800 desde noviembre de 2016, y de excombatientes de las FARC, que ya suman 168 desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016.

Santana Rodríguez apunta que el incumplimiento de los acuerdos suscritos con las guerrillas y los anuncios de profundización del modelo neoliberal "son motivos más que suficientes para salir a protestar".

El Plan Duque

La inesperada reacción, teniendo en cuenta las características de la sociedad colombiana, cruzada por décadas de guerra interna, tiene el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, presentado en el Congreso por el presidente Iván Duque, en febrero pasado.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) publicó el documento Seis tesis sobre ese plan, de Diego Carrero Barón.

De ese informe se extrae las siguientes conclusiones, en base al contenido del plan:

  • Recorte del gasto público y transformación institucional para la austeridad fiscal.
  • Más reformas tributarias regresivas y privatizaciones.
  • Crecimiento económico y balanza de pagos basados en la promoción de la inversión extranjera y el modelo extractivista.
  • Ampliación de la precarización laboral y recorte de derechos de los trabajadores.
  • Incumplimiento y desconocimiento sistemático al Acuerdo de Paz y las víctimas.
  • La represión como eje del control territorial.

Carrero Barón apunta a que el Plan Duque, lejos de fomentar la equidad, se estructura sobre una lógica en la que la organización de las finanzas públicas privilegian el cumplimiento de la regla fiscal para el pago de rentas al sistema financiero.

Esto, en un contexto de focalización del gasto público, promoción de reformas tributarias regresivas y recorte de derechos sociales y laborales, así como desfinanciación del Acuerdo de Paz.

Educación

Otra fuente de resistencia social estuvo originada en el ámbito de la educación.

En las manifestaciones hubo una presencia masiva de estudiantes de las universidades públicas y privadas. En el último año, estos jóvenes han estado en las calles reclamando más inversión para el área.

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Después de dos meses de protestas, Duque se comprometió a destinar el equivalente a 1.300 millones de dólares adicionales a las universidades.

Esos fondos quedaron solo en promesas y los estudiantes estallaron. No hubo giro de esos recursos.

La movilización consolidó formas de protesta festivas, con bailes y canciones, con una participación mayoritaria de jóvenes. Existen cuatro líneas de la demanda social: el rechazo al oficialismo, el reclamo de mejorar la situación económica sin ajuste, el respaldo a la paz como estrategia dominante en lugar de la guerra, y una abierta resistencia a las violaciones estatales a los derechos humanos.

No es solo la oposición al modelo económico, sino a un proyecto neoliberal que involucra la cuestión política, el cuadro social y la intervención sobre la subjetividad de la población.

El aspecto distintivo de este movimiento para la historia moderna colombiana es que es transversal y masivo.

Vulnerable

Un reciente estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) exhibe resultados "particularmente deficientes" en términos de empleo vulnerable, desigualdad y confianza en las instituciones en Colombia.

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El país tiene uno de los porcentajes de la población con trabajo precario más elevado de América Latina, al alcanzar el 46,8% de las personas empleadas. Solo Perú tiene un porcentaje más elevado, del 49,7%. Es un indicador que refleja el alto grado de fragilidad de los trabajadores.

El reporte señala que, pese a que en años recientes se han logrado mejoras, el índice de Gini se mantiene alto (50.8), apenas más bajo que Brasil (51.3).

El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad de ingresos entre las personas: el valor se mide entre 0 y 100; siendo cero la máxima igualdad (todas las personas tienen los mismos ingresos) y 100, la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene una sola persona).

Otro dato contundente es que 86% de la población considera que la corrupción es generalizada, cifra mayor que el promedio de América Latina y el Caribe (74,5%) y de la OCDE (54,0%).

Desigualdad

La raíz de la insatisfacción social es la marcada desigualdad en los ingresos predominantes en la sociedad colombiana. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reveló en un informe que la pobreza multidimensional, a nivel nacional, alcanza al 19,6%.

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Paro nacional en Colombia: los problemas de la violencia y la economía como fondo
El Banco Mundial estima que el 20% de la población rica concentra 55,7% del ingreso nacional, mientras que el 20% pobre solo recibe el 3,9%.

Es una estructura inequitativa en el reparto de los ingresos que no ha cambiado sustancialmente en casi 30 años. Con datos de 1992, los porcentajes son casi idénticos: el sector acaudalado retenía el 56,7% y el grupo social más pobre, el 3,7%.

La consolidación de una estructura socioeconómica desigual tiene que ver con la permanencia de una matriz productiva basada en la primarización y explotación de los recursos naturales.

Las propuestas económicas de Duque no alteran esa tendencia; por el contrario, las reafirma. Postula la necesidad de eliminar impuestos a las empresas extractivistas e imponer más tributos a los trabajadores.

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Paro nacional en Colombia: "Este día es un llamado de atención a Iván Duque"
Es un modelo de reducción del consumo popular, que no genera empleo y no pretende retirar a Colombia del ranking de los países con la peor desigualdad del mundo.

Javier Calderón Castillo, sociólogo y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, explica que la cuestión de la desigualdad extrema no es un punto menor en Colombia.

En el artículo 21N: calles, cacerolas y una advertencia al Gobierno de Duque, indica que apenas un 22% de los trabajadores cotiza al sistema de pensiones en forma regular, conformando así una sociedad en la que los mayores de 65 años están sin trabajo y sin jubilación y solo dos de cada 10 colombianos pueden jubilarse.

Calderón Castilla afirma que "así, la juventud no tiene futuro con la actual estructura laboral y los adultos mayores están condenados a terminar sus días en la pobreza".

LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK
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