"Resulta preocupante, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos, de inusual dureza, a los actos de un Gobierno democrático", objetó Avruj en una carta que compartió la Secretaría de Derechos Humanos con Sputnik.
En su respuesta, Avruj acusó a García-Sayán de haber "violado diversas reglas del Código de Conducta y del Manual de Operaciones que regulan su mandato".
El Manual de Operaciones de los Procedimientos Especiales, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en agosto de 2008, estipula que se debe "comprobar en la mayor medida posible la información que reciben" y "apoyarse en hechos objetivos y fiables, basándose en normas de prueba que se ajusten al carácter no judicial de los informes".
"Mi Gobierno entiende que estos principios han sido soslayados en la solicitud que formula el Sr. Relator Especial respecto del accionar de mi Gobierno", afirmó Avruj en su misiva.
Tiempos y confidencialidad
El Ejecutivo argentino también cuestionó que el relator tardara cinco meses en presentar sus objeciones, cuando las organizaciones denunciantes plantearon sus cuestionamientos el pasado mes de junio
"Esta gravedad aparece patente recién en medio del proceso de transición política en nuestro país, cuyo Gobierno pasará, en pocos días, a manos de un sector político contrario a la actual administración", observó el secretario de derechos humanos.
Avruj también lamentó que García-Sayán abogara por que la opinión pública fuese informada "sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones", cuando "tanto los llamamientos urgentes como las cartas de denuncia son confidenciales y siguen siéndolo hasta cuando el Relator Especial presenta su informe anual al Consejo de Derechos Humanos".
La carta fue presentada al presidente del Consejo de Derechos Humanos, Colyn Seck; a la presidenta del Comité de Coordinación de Procedimientos Especiales, Anita Ramasastry, y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En su informe, el relator especial de la ONU otorgó al Gobierno un plazo de 60 días para recibir una respuesta sobre las medidas adoptadas en relación a las acusaciones formuladas, que incluyen "actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo la manipulación del Consejo de la Magistratura", órgano que supervisa la labor de los jueces.
La gestión actual abandonará el poder el próximo 10 de diciembre, cuando asumirá el presidente electo, Alberto Fernández, y su compañera de fórmula, la exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
