"Haría falta una Cicies que no solo examine la corrupción, sino también los crímenes de guerra aún impunes desde el conflicto armado (1980-1992)", sostuvo Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca).
La administración Bukele solicitó el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero hasta ahora solo el mecanismo continental ha enviado una misión técnica, en tanto el organismo global no ha confirmado su participación ni qué papel jugaría.
"Los defensores de las víctimas confiamos más en la ONU que en la OEA, pero no hay una respuesta", reconoció Tojeira, quien también defiende una Ley de Reconciliación Nacional que garantice justicia, verdad, reparación y no repetición, pero sobre todo, que no sea una Ley de Amnistía enmascarada.
"Ha habido un relativo acercamiento a la posición de las víctimas, pero aún esperamos por un verdadero diálogo para lograr una ley con garantías para los derechos humanos", acotó Tojeira, un sacerdote nacido en Galicia, España, y naturalizado en El Salvador.
Tojeira estima que las instituciones en El Salvador son débiles, por eso valoró el reciente fallo de un tribunal de España, que ordenó mantener en prisión al excoronel Inocencio Montano, uno de los señalados por la referida masacre de los jesuitas en la UCA.
Montano, a la sazón viceministro de Seguridad Pública, es señalado como partícipe en el asesinato de los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín, Segundo Montes, Amando López, Juan Ramón Moreno, el sacerdote salvadoreño Joaquín López, la empleada Julia Elba y su hija Celina Mariceth.
Ese y otros crímenes permanecen impunes en El Salvador, donde varias investigaciones internacionales señalan que el conflicto armado dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos.
Una Comisión de la Verdad instalada por la ONU tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1992 reflejó que la mayoría de las violaciones de derechos humanos durante el conflicto fueron perpetradas por el Ejército y la extinta Guardia Nacional, así como por los llamados Escuadrones de la Muerte.