El decreto 785/2019 reseñado este 22 de noviembre en el Boletín Oficial deroga la resolución de Rubinstein porque no consultó "la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".
"La inobservancia de los trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa, vicia dicha voluntad", afirma el decreto.
El aborto está penalizado en Argentina desde 1921, pero el Código Penal, en el artículo 86, autoriza la interrupción del embarazo cuando peligre la vida o la salud de la mujer embarazada o cuando la gestación sea producto de una violación.
La actualización del 'Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)' publicado el 19 de noviembre por la Secretaría de Salud pretendía otorgarle estatus de normativa jurídica, que hasta ahora no tenía.
El protocolo también se adecuaba a "normativas internacionales" de la Organización Mundial de la Salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de todas las mujeres a partir de los 13 años y sin necesidad de que fueran acompañadas por un adulto, de acuerdo al nuevo Código Civil, que reconoce la autonomía de los adolescentes.
El documento incorporaba además el fallo FAL de la Corte Suprema de 2012, que determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible.
El máximo tribunal también exhortaba a las provincias a adherirse al protocolo nacional, algo que todavía no han hecho siete de los 24 distritos del país.
El propio mandatario de Argentina se ha manifestado en contra de la legalización del aborto, pero el año pasado habilitó el debate en el Congreso de un proyecto de ley que consagraba el aborto legal, seguro y gratuito y que fue aprobado en la Cámara de Diputados pero rechazado en el Senado.
El presidente electo, Alberto Fernández, que asumirá el próximo 10 de diciembre, aseguró el 17 de noviembre que enviará "cuanto antes" un proyecto al Congreso para legalizar el aborto.
