"Presidente Miguel Díaz-Canel, su Gobierno afirmó ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) que no han violado los derechos humanos del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer; supongo entonces que no tendrá objeción en que observemos su juicio personalmente, le solicito nuevamente acceso formal a Cuba", publicó en Twitter la directora para las Américas de la organización, Erika Guevara-Rosas.
Presidente @DiazCanelB, su gobierno afirmó ante la @ONU_es que no han violado los derechos humanos del líder de la @Unpacuoficial, @jdanielferrer. Supongo entonces que no tendrá objeción en que observemos su juicio personalmente. Le solicito nuevamente acceso formal a #Cuba 🇨🇺 pic.twitter.com/p9lPGHkwIO
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) November 22, 2019
El Gobierno cubano acusa a Ferrer de ser un "agente asalariado al servicio de EEUU".
El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parilla, rechazó la intromisión de EEUU en los asuntos internos de la isla ante las declaraciones de la embajada de ese país en La Habana por la detención de Ferrer.
Según el diario cubano, Ferrer fue detenido por la policía el pasado 1 de octubre en respuesta a la denuncia presentada por un ciudadano cubano, quien lo acusa, junto a otros tres individuos, de "haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza que lo dejó en condiciones de ingreso hospitalario".
El gobierno de #EEUU complementa la guerra económica contra #Cuba, con la intromisión en los asuntos internos del país y una abierta subversión política. Las mentiras y calumnias son la base de su escalada agresiva. Su fracaso es total.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 22, 2019
Las autoridades cubanas confirmaron que el acusado se encuentra pendiente de juicio y ha recibido visita de su esposa y de sus hijos, según las normas para su situación legal.
Sin embargo, Amnistía Internacional publicó en un comunicado que, según la familia de Ferrer, éste ha "permanecido incomunicado durante una parte significativa de su detención".
Las autoridades cubanas rechazan lo que entienden como una campaña del Gobierno de EEUU de una supuesta "desaparición física, maltrato físico, tortura o que recibe insuficientes alimentos".
Ferrer, "antes de su actividad al servicio del Gobierno de EEUU, tenía una trayectoria delincuencial y de conducta violenta totalmente ausente de motivaciones política, con antecedentes penales registrados que datan de 1993 que incluyen agresiones con violencia física a otros ciudadanos, entre ellos mujeres, y desorden público", publicó Granma.
A su vez, el comunicado difundido en Granma denuncia que la embajada de EEUU en Cuba y, en particular la encargada de negocios, Mara Tekach, en lugar de dedicarse a promover los vínculos bilaterales fomenta la división.
