"Esta ley hace caso omiso de los hechos y la verdad, aplica doble rasero e interfiere descaradamente en los asuntos de Hong Kong y otros asuntos internos de China. Es una violación grave del derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. China lo condena y se opone firmemente", manifestó el portavoz de la Cancillería, Geng Shuang.
Geng afirmó que el proyecto de ley tiene como objetivo "reforzar a los radicales antichinos, extremistas y violentos que intentan perturbar a Hong Kong, dañar la prosperidad y la estabilidad".
"Estados Unidos debería inmediatamente dejar de inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong y otros asuntos internos de China, si no habrá un bumerán de consecuencias negativas. China tendrá que tomar fuertes contramedidas para defender los intereses de soberanía nacional, seguridad y desarrollo si Estados Unidos insiste en tomar decisiones equivocadas", advirtió el portavoz de Exteriores.
Una vez que los congresistas elaboren una ley única a partir del proyecto del Senado y otro, aprobado anteriormente en la Cámara de Representantes, la normativa se someterá a una nueva votación y luego a la firma del presidente Donald Trump.
Según el Diario del Pueblo, el encargado de negocios de EEUU en China fue convocado este 20 de noviembre a la sede del Ministerio de Exteriores.
También el Gobierno de Hong Kong expresó su rechazo al posible embargo sobre la exportación de material antidisturbios a esta región administrativa especial de China.
Un portavoz del Ejecutivo citado por el canal RTHK calificó esta medida de "innecesaria e injustificada".
El funcionario recordó que en Hong Kong residen unos 85.000 ciudadanos de EEUU y operan 1.344 empresas estadounidenses.
Desde junio pasado, Hong Kong vive una oleada de protestas cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitiría la extradición de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.
El Gobierno hongkonés accedió a retirar a principios de septiembre el controvertido proyecto, que habría facilitado la entrega de disidentes políticos a Pekín, pero rechazó otras demandas de la calle, entre ellas amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar el proceso de reformas políticas.
