"En ningún momento me interesé particularmente por algún proveedor, tomé decisiones de carácter general y siempre en beneficio del interés público", señaló el exfuncionario al salir del juzgado del magistrado Luis Rodríguez.
Aranguren fue interrogado por el juez bajo la sospecha de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por varias medidas de su gestión, como el aumento de tarifas o la compra de gas a Chile, lo que pudo haber supuesto un perjuicio para el Estado.
"El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales lo que logró fue reducir el subsidio por parte del Estado", añadió Aranguren en diálogo con periodistas que aguardaban su salida del juzgado.
El exministro aseguró que estaba "muy tranquilo" con su conciencia "y conforme con la oportunidad que me dio (el juez Rodríguez) para responder sus dudas".
Aranguren reconoció que este martes prestó declaración judicial "por primera vez en mi vida".
"Sé que lo que he hecho fue conforme a lo que la ley me obliga", manifestó.
Gas a Chile
Sobre la compra de gas a Chile, el exministro adujo que logró "reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia porque no había más, y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de (la empresa estatal) YPF".
El juez Rodríguez deberá pronunciarse al respecto y procesar o sobreseer al exministro.
El magistrado citó para el próximo 27 de este mes a la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que será indagada por el delito de encubrimiento.
Rodríguez sospecha que la titular de la Oficina Anticorrupción, organismo dependiente de la jefatura de gabinete, no investigó si había o no un conflicto de interés en el caso de Aranguren pesar de haber sido advertida por los diputados opositores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, que dieron origen a este caso.
De acuerdo al patrimonio que dio a conocer, Aranguren poseía "más de 13 millones de pesos (902.777 dólares por entonces) en acciones clase A de la empresa Royal Dutch Shell", según especificó la denuncia de estos legisladores.
Esas acciones fueron parte de las bonificaciones que el exfuncionario recibió de Shell Compañía Argentina de Petróleos, firma en la que se desempeñó a partir de 1979 y de la que fue presidente entre 2003 y junio de 2015, seis meses antes de asumir como ministro de Energía del Gobierno de Mauricio Macri.
