La emisora RTL recoge que unas 5.000 empresas que sufrieron las acciones de los manifestantes pidieron ayuda al Estado.
En particular, solicitaron al Gobierno que aplazara los pagos a la seguridad social y otros impuestos por 460 millones de euros.
Unos 75.000 franceses que trabajaban en los sectores de hotelería, gastronomía y transporte, han quedado parcialmente desempleados desde el inicio del movimiento el 17 de noviembre de 2018.
Los manifestantes, que visten prendas fluorescentes, protestaban en un principio por el alza en los precios de los combustibles y los impuestos, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otras demandas sociales y políticas.
Las manifestaciones han derivado en múltiples enfrentamientos con las fuerzas del orden, destrucción de edificios y automóviles, saqueos y otros hechos violentos.
