"El presidente del organismo (CPCCS), Christian Cruz, junto al consejero David Rosero, plantean que se investigue al expresidente Rafael Correa, como presidente del Comité de Deuda y Financiamiento, y (…) exministros por presuntas irregularidades en la gestión y registro de la deuda", dice un comunicado expedido por el organismo.
Las conductas a analizar son sus actuaciones en el manejo de la deuda pública y el financiamiento de proyectos emblemáticos "en los que se han identificado presuntas irregularidades relacionadas con el abuso de recursos públicos, detectadas por la Contraloría General del Estado".
Según una investigación de la Secretaría de Lucha Contra la Corrupción del Consejo, la deuda pública de Ecuador habría superado en el Gobierno de Correa habría el tope establecido por la Ley, de 40% del Producto Interno Bruto (PIB), para llegar a 52,54%.
Entre 2010 y 2017 se realizaron modificaciones normativas para cambiar los componentes y fórmulas de cálculo de la deuda pública y su registro, según el CPCCS.
"Estas modificaciones excluyeron elementos que históricamente se establecieron como obligatorios en la legislación", dijo el CPCCS.
El comunicado añade que, por ejemplo, se omitieron en el registro la deuda interna y la deuda adquirida mediante contratos de preventa petrolera en el año 2016, que constituyen endeudamiento público, de acuerdo con la legislación.
Un alto porcentaje de los recursos obtenidos de contratos de preventa petrolera emitidos con garantía soberana en el Gobierno de Correa fueron destinados a proyectos emblemáticos como las hidroeléctricas Toachi-Pilatón y Manduriacu, la Refinería del Pacífico y el poliducto Pascuales – Cuenca que, según la Contraloría, tienen irregularidades.
El CPCCS es el organismo encargado de designar a las autoridades de control, como el fiscal de la Nación, el contralor, el procurador y el superintendente de Bancos.