El informe, publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), señala que la reincorporación al sector privado de personas que ostentaban responsabilidades públicas es "una de las áreas más problemáticas" a la hora de atajar la corrupción en España.
En ese periodo sólo fueron rechazadas 11 solicitudes, siendo común el traspaso, incluso de ministros o secretarios de Estado, a empresas que actúan en el sector que previamente gestionaban.
Algunos de los casos más recientes son relativos a los integrantes del último Gobierno presidido por el conservador Mariano Rajoy, que cayó con una moción de censura en el verano de 2018.
Pocas semanas después de la moción de censura, la Oficina de Conflictos de intereses dio autorización para que, entre otros, el exministro de Justicia (Rafael Catalá) se incorporara al bufete de abogados Legálitas; para que el exministro de Economía (Ramón Escolano) se incorporase a la consultora financiera Ernst & Young, o para que el exministro de Fomento (Íñigo de la Serna) se incorporara al consejo asesor de la tecnológica NEC Ibérica.
El informe del Consejo de Europa destaca que casi todas las peticiones estudiadas por la Oficina de Conflictos de Intereses desde 2006 se resolvieron de forma favorable a los solicitantes, permitiendo a los políticos cruzar la puerta giratoria.
"Con un índice de autorización del 98% en más de una década y muy pocas sanciones por el incumplimiento de los requisitos de las puertas giratorias, surgen dudas sobre si esta situación es el resultado de situaciones no incompatibles o más bien un sistema laxo de autorizaciones y la necesidad de un control más eficaz por parte del organismo de supervisión", reza el informe del Consejo de Europa.
En su informe, la institución recuerda que "la corrupción es una cuestión de gran actualidad en España" y señala que, como consecuencia de esto, "la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas es baja".
