"El Gobierno ha decidido por cierto, invitar a la CIDH a que venga a una observación en terreno, con una invitación al secretario ejecutivo de esa organización, Paulo Abrao", dijo en conferencia de prensa el ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín.
"Todos los que han cometido transgresiones, cualquiera que sea su origen, tendrán que sufrir el rigor del Estado de Derecho", añadió Larraín.
Debido a las acusaciones, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también envió una misión especial de observadores el pasado 30 de octubre.
Las movilizaciones en Chile comenzaron el 14 de octubre debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por Piñera.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.
Hasta el momento han muerto 23 personas durante las protestas, cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la policía.
