"Espero que el Gobierno se haga responsable, que el ministro de Interior y Carabineros asuman sus culpas por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se están perpetrando en Chile", afirmó Schneider.
Entre los datos recogidos, se reveló que la policía introduce agentes encubiertos en actividades del tipo social o sindical para espiar a sus líderes, y en particular se filtró un informe redactado por un funcionario que se infiltró en un homenaje a los detenidos desaparecidos de la dictadura realizado en la Universidad de Chile, marcando a 12 personas como "blancos de interés", entre ellas, a Schneider.
"Esto demuestra que existe persecución política en democracia, la Policía espía a los líderes, a quienes ponemos la cara, a quienes nos organizamos contra este modelo que ha precarizado al trabajador y a la gente", señaló.
La dirigente estudiantil aseguró que esta práctica "vulnera todos los protocolos de Carabineros y claramente, también nuestros derechos humanos, esto es algo que se arrastra de la dictadura".
"Es momento que el Gobierno se dirija al país y diga que se están violando los derechos humanos, deben rendir cuentas ante la gente y no solo ante los que nos vimos afectados", dijo.
Schneider junto a otras víctimas del espionaje interpusieron una querella criminal en contra del director general de Carabineros, Mario Rozas y contra el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y a la vez se está tramitando un recurso de protección para que la institución cese las actividades de espionaje.
También, la dirigente explicó a Sputnik que debió tomar una serie de precauciones para resguardar su seguridad tras lo ocurrido.
Las movilizaciones comenzaron el 14 de octubre en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por Piñera.
Sin embargo, las protestas no amainaron abarcando otros reclamos sociales y tomaron un cariz mucho más intenso.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.
Hasta el momento la cifra oficial es de 23 muertos, cinco de los cuales perdieron la vida a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.