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Morales anticipa respuesta a opositores cívicos de Bolivia: "No voy a renunciar"

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LA PAZ (Sputnik) — El presidente boliviano, Evo Morales, dijo enfáticamente que no renunciará, en respuesta anticipada al movimiento cívico opositor que alista para el 11 de noviembre una gran marcha para exigirle que deje el cargo de inmediato.
"Quiero decirles, hermanas y hermanos, a todos, a Bolivia y al mundo, no voy a renunciar. Nuestra posición (es que) somos electos con el pueblo", declaró Morales ante centenares de campesinos y otros seguidores en un acto de inauguración de una escuela en el pueblo de Desaguadero, fronterizo con Perú.

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El gobernante hizo la declaración horas después de que los líderes cívicos, en abierta discrepancia con el candidato Carlos Mesa y otros políticos opositores tradicionales, confirmaran para el lunes una marcha nacional en La Paz para entregar una carta de renuncia a Morales, exigiéndole que la firme en el acto.

Morales, en su discurso más enérgico desde que estallaron las protestas contra su reelección hace casi tres semanas, llamó a los sectores sociales a defender su victoria electoral del 20 de octubre, que la oposición denuncia como fraude y la Organización de Estados Americanos audita en busca de irregularidades.

"Convoco a todos los movimientos sociales, a todos los sectores profesionales que están con la patria, por la vida, por la igualdad, por la paz, por la justicia social, a defender nuestro proceso de cambio, a defender nuestra revolución democrática cultural, y vamos a defender", dijo el mandatario.

Previamente, el rector de la universidad pública de La Paz, Waldo Albarracín, confirmó a reporteros que la carta "será llevada el lunes al Palacio, no por una persona sino por el conjunto de organizaciones movilizadas, en una gran marcha".

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Esa marcha abrirá la cuarta semana de las protestas iniciadas tras las elecciones, a convocatoria de Mesa, quien estaba este viernes relegado a segundo plano por los comités cívicos y alianzas ciudadanas que asumieron el mando de las protestas.

El Gobierno de Morales, enfrentado a la peor crisis política en sus casi 14 años de gestión, denunció un golpe de Estado que pretendería poner fin a los avances económicos, políticos y sociales del "proceso de cambio", para reimponer "un modelo neoliberal sometido al Fondo Monetario internacional".

Albarracín, presidente del Comité de Defensa de la Democracia que integran varios ciudadanos notables y uno de los opositores más radicales, dijo que el frente antigubernamental ha acordado convertir la entrega de la carta de renuncia a Morales en un acto masivo.

Aseguró que esto no era un desconocimiento sino un respaldo al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, quien lanzó la iniciativa de llevar a Morales esa carta, para que la firme, y arribó con ese motivo el miércoles a La Paz convertido de hecho en líder nacional de las protestas.

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Horas antes, el líder cruceño había asistido a una concentración de centenares de productores de coca opositores a Morales, ante quienes lanzó arengas políticas opositoras mezcladas con los llamados a una "lucha espiritual" que caracterizaban a sus discursos en su ciudad de origen.

Albarracín informó que delegaciones de universitarios y de comités cívicos de varias ciudades comenzaron a llegar a La Paz para sumarse a los bloqueos de calles y manifestaciones contra Morales.

Las últimas manifestaciones en la capital política boliviana concluyeron en la noche del jueves, por tercera jornada consecutiva, en violentos enfrentamientos de universitarios y otros activistas que pretendían llegar al Palacio de Gobierno con mineros y campesinos que custodiaban el lugar.

La policía intervino en apoyo a los grupos que defendían la sede presidencial y demoró varias horas en dispersar a los manifestantes.

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El escenario podría replicarse el lunes, porque la oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio convocó a sindicatos y organizaciones vecinales a concentrarse en defensa de Morales y de las dos sedes: el antiguo Palacio de Gobierno del siglo XIX y la moderna Casa Grande del Pueblo estrenada el año pasado.

Medios y redes sociales divulgaron este viernes imágenes de la partida de decenas de ómnibus con manifestantes desde por los menos tres ciudades rumbo a La Paz, con gastos pagados inicialmente por las universidades públicas, según dijeron sus respectivos rectores.

Entretanto, la Organización de Estados Americanos realiza una auditoría convenida con el Gobierno para confirmar o desmentir un fraude en las recientes elecciones, aunque la oposición ha retirado su apoyo inicial a esa investigación.

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