"La Investigación la está llevando la Fiscalía con abundante y contundente evidencia, que ha permitido sostener en primer lugar una formulación de cargos y también solicitar una prisión preventiva", dijo la Fiscal a periodistas en un acto cívico de izada de banderas en la Contraloría de la Nación, quemada por encapuchados durante las protestas.
El abogado de Pabón y Hernández (los dos tienen prisión preventiva) ha dicho que en ninguno de los dos casos la Fiscalía ha podido presentar pruebas y que solo ha exhibido publicaciones en Twitter y grupos de chat, así como interpretaciones de llamadas telefónicas.
Salazar insistió en que "hay evidencia clara y contundente" y que la vinculación de Pabón y Hernández en los procesos no es por publicaciones en Twitter.
La tesis de la Fiscalía es que todos los procesados en el caso de rebelión intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo y desconocer el orden constitucional.
El martes, tras la vinculación y detención preventiva de Hernández, la Fiscalía dijo que en las escuchas de llamadas telefónicas entre los procesados (efectuadas con orden judicial), estos "disponían salir al paro y armarse con instrumentos de defensa para ocasionar actos violentos, y que determinaron que trataban de subvertir al pueblo ecuatoriano".
Durante las movilizaciones y protestas hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta que durante las jornadas de protesta 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.
