"Se admite a tramitación la querella interpuesta y remítase a la Fiscalía los documentos acompañados", informó el Poder Judicial a través de un comunicado.
Además, busca perseguir a "todos quienes resulten responsables, como autores, encubridores y/o cómplices de aquellos crímenes".
En el documento se citan a varias instituciones y organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de una serie de denuncias contra la policía y militares, de homicidios, abusos, violaciones, torturas, apremios ilegítimos, entre otros.
La justicia entregó los antecedentes a Fiscalía, para que designe un fiscal y comience las indagaciones.
Las movilizaciones comenzaron el 14 de octubre en Chile debido a un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por Piñera.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias, situación que también está siendo analizada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hasta el momento la cifra oficial es de 23 muertos, cinco de los cuales perdieron la vida a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
