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Exministro se niega a declarar en juicio contra la vicepresidenta electa de Argentina

© REUTERS / Marcos BrindicciJulio De Vido, ministro de Planificación de Argentina en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández
Julio De Vido, ministro de Planificación de Argentina en los Gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — El exministro de Planificación argentino, Julio de Vido, se negó a declarar el 4 de noviembre en el juicio por concesiones supuestamente irregulares de obra pública en el que también está procesada la vicepresidenta electa y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El exministro recalcó desde la cárcel federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, que declarará "en el momento que mi defensa lo considere oportuno" y que no lo haría durante esta última audiencia. 

"No, en el día de la fecha no voy a prestar declaración indagatoria y tampoco voy a contestar preguntas", señaló De Vido por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que lleva adelante el debate oral.

La audiencia apenas duró unos minutos, ya que tampoco se prestó a la declaración indagatoria el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala.

En el expediente, que comenzó el pasado 20 de mayo, se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de la obra pública concedida en la provincia de Santa Cruz al grupo Austral del empresario Lázaro Báez, detenido en el marco de otra causa.

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Las audiencias se encuentran en la etapa de las declaraciones indagatorias. El Tribunal Oral Federal 2 intentó interrogar hasta ahora a ocho de los 13 acusados. La última en ser interrogada será la vicepresidenta electa, que se encuentra en La Habana para acompañar a su hija, que es tratada en la isla por problemas de salud.

Por su parte, De Vido está detenido desde hace más de dos años en prisión preventiva. En particular, el que fue el ministro de Planificación del Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y las dos administraciones de Cristina Fernández fue recluido el 25 de octubre de 2017.

Aunque el máximo establecido por la ley 24.690 sobre los plazos de prisión preventiva son dos años, la legislación contempla un año más de prórroga "cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de las causas hayan impedido la finalización del proceso en el plazo indicado".

El exfuncionario cumplirá en diciembre 70 años y su defensa podrá solicitar la prisión domiciliaria.

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