El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, confirmó que el Gobierno había desechado la devolución de impuestos que establecía que las empresas que pagaran tributos liberaban de hacerlo a sus dueños y socios: un punto muy criticado por la oposición. Esta devolución implicaba una pérdida en las recaudaciones valorada en 800 millones de dólares, según la cifra oficial.
Además, Briones reconoció que la reforma "era una piedra de tope en la discusión" y precisó que las autoridades revisarán la integración tributaria "cuidando siempre dos cosas fundamentales", la inversión y la responsabilidad fiscal.
Por su parte, el líder de la poderosa Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett, declaró que "estamos comprometidos en ser parte de la solución... ya es hora que el dolor lo cambiemos por soluciones con amor".
Swett, acompañado de otros empresarios, emplazó a sus colegas a dialogar con sus trabajadores tres temas: el endeudamiento familiar, los salarios y el enorme esfuerzo que miles de empleados hacen a diario por llegar a sus trabajos luego de que gran parte del metro de la ciudad fue destruido en las protestas.
Chile se consideraba uno de los países más exitosos y tranquilos hasta hace 15 días, cuando comenzaron las protestas de los sectores más desposeídos de la sociedad.
📎🎥 Ingeniosa forma de protesta de universitarios chilenos por viviendas dignas
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 31, 2019
👉🌐 https://t.co/2Y75XOUsDZ
#⃣ #dignidad #Chile
El 10% más rico de los chilenos se queda con más de la mitad de las riquezas del país. Los bajos salarios son la principal causa de los altos índices de endeudamiento familiar. De los 18 millones de chilenos, el 65% gasta más de sus ingresos, según los datos compartidos por la Fundación para la Superación de la Pobreza. Los chilenos tienen un sueldo promedio que oscila entre los 500 y 700 dólares y un salario mínimo de 400 dólares, que Piñera ofreció subir 65 dólares.
Decenas de miles de personas volvieron a reunirse el 2 de noviembre en la céntrica Plaza Italia de Santiago para repetir los reclamos de mejoras sociales y la posibilidad de redactar una nueva Constitución. La marcha se convirtió en un campo de batalla entre manifestantes antigubernamentales y agentes de la policía, que reprimieron indiscriminadamente a la multitud con gases lacrimógenos y cañones de agua.
